La entidad ordenó 30 medidas administrativas a la minera, pero el seguimiento de algunas acciones de remediación está suspendido por una decisión judicial. Consejero de Moquegua cuestiona que las sanciones no se traduzcan en soluciones para las comunidades.

PERSISTEN DENUNCIAS DE POBLADORES

Las sanciones económicas y las medidas administrativas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a la minera Aruntani no han despejado las preocupaciones por la contaminación de las aguas de la cuenca del río Tambo. Durante la III Sesión Ordinaria Descentralizada de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur, representantes de la entidad expusieron las acciones de fiscalización ejecutadas contra la empresa, mientras autoridades de Moquegua cuestionaron sus resultados frente a los daños que denuncian las comunidades.

José Manuel Pando Pando, ejecutivo de Supervisión Ambiental del OEFA, informó que la institución ordenó a Aruntani cumplir 30 medidas administrativas. De estas, 12 estaban destinadas principalmente a controlar las aguas de contacto y evitar descargas sin tratamiento. Otras disposiciones contemplaban la remediación de quebradas y ríos de la cuenca; sin embargo, el seguimiento de estas últimas se encuentra suspendido por una medida cautelar judicial concedida a la empresa.

La situación generó cuestionamientos del consejero regional de Moquegua, Pedro Noguera Prado, quien sostuvo que las actuaciones administrativas no están resolviendo los problemas que afrontan las poblaciones que utilizan agua presuntamente afectada por metales pesados.

El representante señaló que los habitantes denuncian pérdidas de ganado y terrenos agrícolas improductivos por el uso de aguas con presencia de arsénico, aluminio, boro y hierro.

“Una maravilla el trabajo administrativo, pero en el campo vemos que no tiene un resultado real. La población que vive a la orilla de los ríos, que hace uso de esas aguas contaminadas, sigue padeciendo”, manifestó.

46 EXPEDIENTES CONTRA LA MINERA

Durante su exposición, Pando Pando informó que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos generó 46 expedientes relacionados con Aruntani. De los 23 casos cuyo estado detalló, seis no dieron lugar al inicio de procedimientos sancionadores, mientras que en 17 sí se inició un procedimiento.

De estos últimos, 12 concluyeron. En diez se determinó responsabilidad administrativa sin imponer medidas correctivas y dos fueron archivados. Entre los cinco restantes, uno quedó suspendido por una decisión judicial y dos afrontan recursos de apelación. La presentación no precisó el estado de los otros dos procedimientos.

La información expuesta dejó interrogantes sobre las obligaciones específicas evaluadas en los diez casos en los que se estableció responsabilidad administrativa sin ordenar medidas correctivas. Tampoco se detallaron los resultados concretos de las acciones de remediación ni cuánto han contribuido las medidas ejecutadas a mejorar la calidad del agua.

IDENTIFICAN AGUAS ÁCIDAS Y METALES

Según el OEFA, las supervisiones realizadas durante 2025 y 2026 identificaron aportes de aguas ácidas y carga metálica desde la unidad minera Florencia-Tucari hacia cuerpos de agua de la parte alta de la cuenca del Tambo. También se reportaron variaciones fisicoquímicas y cambios de coloración aguas abajo.

Estos hallazgos forman parte de las evaluaciones ambientales efectuadas por la entidad. No obstante, la información presentada en la sesión no permitió establecer el alcance actual de los daños ni precisar qué resultados han tenido las medidas aplicadas para recuperar los cuerpos de agua.

La diferencia entre las actuaciones administrativas y las demandas de las comunidades se mantiene como uno de los principales puntos de controversia. Mientras el organismo fiscalizador sostiene que ejecuta las acciones que corresponden a sus competencias, las autoridades locales reclaman resultados verificables en los territorios afectados.

MULTAS SUPERAN LOS S/10 MILLONES

En cuanto a las sanciones económicas, Pando Pando informó que se impusieron multas por 1 951 508 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/10 millones 730 mil 500. Según explicó, corresponden a sanciones pecuniarias firmes en la vía administrativa y sujetas a cobranza coactiva.

“Estamos haciendo absolutamente todo lo que nos corresponde hacer a efectos de tratar de lograr que, en este caso, cumpla con las medidas administrativas que se han impuesto”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, el monto de las multas y el número de expedientes no permiten, por sí solos, determinar si se ha recuperado la calidad ambiental de la cuenca. Para establecerlo se requieren resultados de monitoreo, información sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas y datos verificables sobre la evolución de los cuerpos de agua.

La sesión dejó pendientes respuestas sobre los efectos concretos de la fiscalización y la remediación. Mientras algunas actuaciones permanecen sujetas a restricciones judiciales, las comunidades continúan esperando soluciones frente a los daños que denuncian en sus actividades agrícolas y ganaderas. El desafío es que las medidas administrativas se traduzcan en mejoras ambientales comprobables y permitan esclarecer las responsabilidades correspondientes.