Por Carlos Meneses

La democracia no consiste solamente en ganar elecciones. También exige respetar las reglas, aceptar los límites del poder y entender que ninguna autoridad está por encima de la Constitución. El JNE ha marcado una frontera que los políticos no deberían intentar cruzar nuevamente.

Mediante la Resolución N.º 4557-2026-JNE, el organismo electoral estableció que la restricción también alcanza los mecanismos de sucesión o reemplazo del candidato a alcalde. En consecuencia, aunque las agrupaciones de ambos burgomaestres ganaron las elecciones del 4 de octubre, ellos no podrán recibir credenciales para ejercer un nuevo mandato entre 2027 y 2030.

El problema no es únicamente jurídico. Es, sobre todo, político y ético. Quienes administran recursos públicos, toman decisiones sobre obras, servicios y presupuestos, y ejercen autoridad sobre sus comunidades deben comprender que los cargos públicos no son patrimonio personal ni espacios que puedan reservarse mediante fórmulas electorales. La voluntad popular tampoco puede utilizarse como argumento para justificar mecanismos que contradicen las reglas de participación democrática.

La resolución del JNE debe servir para recordar que las normas electorales no están hechas para acomodarse a las conveniencias de quienes gobiernan. Si la Constitución establece límites a la reelección, estos deben respetarse en su contenido y no solamente en su interpretación más conveniente. De lo contrario, cualquier restricción terminaría convertida en una disposición fácilmente eludible por quienes tienen poder político y capacidad de organización electoral.

También corresponde exigir responsabilidad a las agrupaciones políticas que promovieron estas candidaturas. No basta con presentar listas, ganar elecciones y después pretender que las reglas se interpreten de acuerdo con sus intereses. Los partidos y movimientos deben garantizar que sus postulantes cumplan la legislación desde el inicio del proceso, no esperar una resolución del organismo electoral para corregir decisiones cuestionables.

Ahora queda pendiente determinar quiénes asumirán las alcaldías, pues la sucesión recaería en los siguientes regidores hábiles de las respectivas listas. Esa definición debe realizarse con transparencia y conforme a ley, sin nuevas maniobras ni negociaciones que desvirtúen el mandato electoral.