La Procuraduría General del Estado solicitó ayer el inicio de las diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Este anuncio llega apenas unas horas después de que el Poder Judicial dispuso la apertura de un juicio oral contra Soto donde se discutirá el pago de reparación civil que demanda la empresa turística Waynapicchu S. A., en el proceso donde fue investigado por presunta estafa.

Tal como indica la resolución judicial, pese a que el caso habría prescrito, corresponde que se determine el monto de reparación civil a favor de la empresa por un caso de presunta estafa contra Alejandro Soto.

Waynapicchu S.A. presentó dicha solicitud luego de que un juzgado considerara prescrita la acción penal por la que la Fiscalía solicitaba ocho años y ocho meses de cárcel para el presidente del Congreso. Esto tras acogerse a la ley de prescripción aprobada en mayo en el Parlamento y en la cual Soto Reyes votó a favor. 

La ley aprobada en el Parlamento modifica el Código Procesal Penal respecto a los plazos de suspensión de la prescripción de delitos, lo que plantea un tiempo determinado de vencimiento. Esto permite que los imputados queden libres de las acusaciones en su contra y que la capacidad de suspensión del plazo de vencimiento que tiene la autoridad se fije en un máximo de un año, sin importar el delito.

MÁS DENUNCIAS

El último domingo se conoció que el actual presidente del Congreso habría usado a los trabajadores de su despacho como ‘troles’ en redes sociales para mejorar su imagen política.

El programa Cuarto Poder mostró unos chats donde los trabajadores del parlamentario de la región Cusco entregarían un monto como parte de una cuota “voluntaria”.

De acuerdo con el reportaje, con el dinero recaudado se pagaba el costo de la publicidad en Facebook; y de esa forma, las noticias que son favorables al parlamentario obtienen más alcance; es decir, son vistas por más personas.

Por su parte el programa Panorama reveló hace una semana que Alejandro Soto habría mentido en su declaración jurada por no señalar que tenía una deuda por reparación civil.

Panorama señala en su reportaje que Alejandro Soto debía pagar 10 mil tras un juicio por difamación que se inició en el 2011. En aquel año el presidente del Congreso, cuando tenía un programa televisivo en Cusco, responsabilizó al comisario Nilo Chávez Luna de la muerte de un joven tras un enfrentamiento entre barristas y policías. 

Soto puso una medida cautelar para dilatar el pago que le ordenaba el Poder Judicial; sin embargo, en 2016, el Quinto Juzgado Civil del Cusco dejó sin efecto ese recurso, por lo que el hoy congresista debía cancelar la reparación, algo que hizo antes de asumir el cargo de legislador en el 2021.