La minería no formal produce al año más de 2 millones 207 mil onzas de oro, lo que representa el 39.3% de la producción total del país. Esta producción genera un movimiento económico de US$ 4 mil millones anuales, de acuerdo a un estudio realizado para  la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).

Dante Vera, consultor de SNMPE, reveló que el estudio evidencia que la producción ilegal ingresa, mediante contrabando, a Bolivia, lo que ha permitido que el país altiplánico eleve sus exportaciones en los últimos años en 43%, data que se contradice con su producción formal registrada. “Con estos datos podemos concluir que el Perú podría elevar sus exportaciones en esa proporción de no ser por la actividad ilegal minera”, señaló.

Esta data fue abordada como parte del análisis del “Panorama y desafíos para afrontar la minería ilegal e informal”, durante el segundo día de PERUMÍN 36. En ese contexto, Vera señaló que las operaciones no formales generan una pérdida de S/ 23 millones 760 mil al año, que representa el 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI).

El especialista remarca que, en el país, hay alrededor de 200 mil mineros no formales (informales e ilegales) de los cuales 87 mil 771 se encuentran inscritos en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). De estos, solo 25 mil 087 vienen cumpliendo los trámites para lograr su formalización, mientras que el resto (71%) suspendieron el proceso, pese a ello gozan de “impunidad” debido a que solo por el hecho de por estar registrados no pueden ser procesados aun cuando estén realizando actividades al margen de la ley.

Cabe señalar que el proceso de formalización de la minería ilegal en el Perú, inició hace 20 años, en ese lapso el gobierno solo ha logrado legalizar a 11 mil 101, lo que a decir de Vera, representa un fracaso.

El estudio además muestra que en el Perú, existen 18 distritos y provincias con mayor riesgo por la minería ilegal. Estos son: Condorcanqui, Ayabaca y San Ignacio en la Amazonía, además de las provincias fronterizas ubicadas en Loreto, así como Atalaya, Puerto Inca y Oxapampa (Selva Central), Nazca, Palpa, Camaná y Caravelí (Sur medio), Madre de Dios, Puno; Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco, Cajabamba y San Marcos (Cinturón minero del Norte).

En ese sentido, Vera refirió que corresponde al gobierno, una vez concluído el plazo de formalización (diciembre de 2024), abordar estrategias para la recuperación del control estatal en zonas con minería no formal.

Así desde la SNMPE se propone: incrementar y articular acciones multisectoriales entre el Ministerio del interior, PNP, fiscalías y juzgados especializados para recuperación del orden interno.