Por Erika Romero Díaz.

El 30 de octubre se realizó audiencia de control de acusación en contra de Luis Guillermo Salas Palacios, Alexander Hugo Fuentes Pinto, Carlos Ángel Núñez Ramírez, Abelardo Agapo Meza Gonzales y Huberth Remigio Anculle Arenas.

PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 913 MIL 654

Negociación incompatible es el delito que habrían cometido 5 funcionarios de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA).  Se trata de Luis Guillermo Salas Palacios, Alexander Hugo Fuentes Pinto, Carlos Ángel Núñez Ramírez, Abelardo Agapo Meza Gonzales y Huberth Remigio Anculle Arenas, quienes son procesados judicialmente. Su actuar, según la Fiscalía, ocasionó un perjuicio económico a EGASA que alcanza los S/ 913 654. El Ministerio Público ha pedido para ellos 4 años de pena privativa de la libertad y su inhabilitación para prestar algún tipo de servicio al Estado peruano por el plazo de 5 años y 180 días multa.

La investigación fiscal y consecuente acusación se iniciaron a propósito de un informe de control específico realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y que está directamente relacionado con el Plan de Abandono Parcial de la Central Térmica Chilina. El reporte con las irregularidades detectadas por la CGR fue publicado en diciembre del año 2020 y en junio de este año se formalizó la acusación.

El Plan de Abandono Parcial de la Central Térmica Chilina se originó con la decisión del Gobierno Regional de Arequipa liderado por el entonces presidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides de construir el puente Chilina. Esto fue en el año 2014.

La primera audiencia sobre este juicio se realizó el pasado 30 de octubre, esa cita sería una de las primeras de la fase de control de acusación que es la etapa en la que se levantan observaciones y se debate las oposiciones hechas por la defensa de los acusados.

Una de ellas fue la presentada por el abogado del acusado Luis Salas Palacios, quien ahora se desempeña en EGASA en el puesto de gerente general. Salas en su recurso de excepción de improcedencia de acción lo que pretende es que se archive la causa en cuanto a la acusación formulada en su contra por el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Virginia Córdova Iriarte.

Se supo que su requerimiento está en la Corte Suprema de Justicia, esto quiere decir que su solicitud fue desestimada en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR). En Lima, su escrito ingresó el 30 de enero de este año y aún no se programa la vista de la causa.

El principal argumento del ahora gerente de EGASA, Salas Palacios es que los hechos que la Fiscalía le imputa son atípicos, es decir no están considerados como delitos en el Código Penal.

Se desconoce el monto solicitado por concepto de reparación hecho por la Procuraduría Anticorrupción que se ha presentado como tercero civil. Lo que sí se sabe es que la afectación económica presuntamente ocasionada por el actuar de los funcionarios mencionados alcanza los 913 mil 654.48 soles.

LAS OBSERVACIONES

Cuando el Gobierno Regional de Arequipa (GRA),en esa entonces se propuso la construcción del puente de Chilina se dio cuenta que la estructura cruzaría por encima de la central térmica de Chilina a 45 metros de altura aproximadamente. Por seguridad y para evitar riesgos ambientales y contra la integridad física de las personas se optó por declarar en abandono las áreas en riesgo.

El GRA entonces presentó una propuesta de Plan de Abandono Parcial de la Central Térmica Chilina, elaborado por la empresa Hamek Ingenieros Asociados S.A.C., este trabajo fue también entregado a los 5 funcionarios mencionados líneas arriba. El Ministerio de Energía y Minas a través de una resolución directoral del 2 de octubre de 2014 dio el visto bueno al planteamiento dado por el GRA.

Sin embargo, en EGASA no siguieron la sugerencia de Hamek Ingenieros Asociados S.A.C, que entre otras cosas pretendía menos costos para EGASA, pero sí más ganancias.

“…establece además la venta en remate público de todas las existencias que EGASA declare de baja, donde la empresa «(…) a la que se adjudique la venta será la encargada de efectuar por cuenta propia todos los trabajos que comprenden el desmontaje y retiro de los equipos e instalaciones electromecánicas siendo su potestad elegir el destino correspondiente de ellas…”. Es decir que los funcionarios de EGASA estaban enterados que el desmontaje de los bienes que serían vendidos no iba a generar gastos a la empresa sino le daría ingresos.

Al interior de EGASA hubo un cambio de planes, no se tomó en cuenta lo sustentado por Hamek Ingenieros Asociados S.A.C que tenía el visto bueno, dado el 2 de octubre de 2014. Lo que se hizo fue buscar a otro proveedor que hiciera un nuevo expediente técnico de desmontaje de la Central Térmica.

En el informe presentado por la Contraloría hay una serie de hallazgos que en total generaron un perjuicio económico de S/ 913 654,48, este monto total es la suma de S/ 808 493,25 por concepto de mayores costos de desmontaje contenidos en el expediente técnico actualizado a solicitud de EGASA y aprobada por los funcionarios hoy en día procesados; S/ 92 414,41 por la deficiente determinación del valor de mercado del kilogramo de chatarra a ser adjudicada producto del desmontaje y S/ 12 746,82 producto de la mayor cantidad de material que la empresa adjudicada se llevó en chatarra y no fue verificada en EGASA.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Dentro de los objetos que no se debían dar de baja figuraba el Transformador de Potencia Marca SIEMENS de 2500 IKVA, que seguiría siendo utilizado en la Central y aparecía en la relación de Activos Fijos y Componentes de las Unidades a Vapor con la condición de operativo.

Sin embargo, luego hubo otro cambio de opinión y se incluyó el citado transformador en el listado de los objetos a ser dados de baja, el citado transformador fue desmontado y forma parte de la chatarra que no fue pagada a EGASA, sino hasta después que se dio cuenta de su salida irregular.

La negociación incompatible es una modalidad del delito en contra la Administración Pública. Es cuando el funcionario público, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene debido a su cargo.

FUNCIONARIOS PROCESADOS

• Luis Guillermo Salas Palacios- actual gerente general de EGASA.
• Alexander Hugo Fuentes Pinto.
• Carlos Ángel Núñez Ramírez.
• Abelardo Agapo Meza Gonzales.
• Huberth Remigio Anculle Arenas.