Por Erika Romero Díaz

Trabajadores administrativos y de la Unidad Médico Legal (UML) sindicalizados del Ministerio Público esperarán hasta el 27 de este mes para decidir si van a huelga.  

LOS MÁS AFECTADOS SERÁN CIUDADANOS CON RETRASO DE PROCESOS

En una asamblea nacional de trabajadores sindicalizados del Ministerio Público, programada para el 27 de este mes hasta el 01 de diciembre, se debatirá las posibilidades de convocar a una huelga nacional. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas está enterada de los reclamos de los servidores de la institución que es una de las operadoras de justicia en el país.

Cuando Benavides estuvo en Arequipa evitó, en todo momento, un encuentro con los medios de prensa, pero no pudo evadir a la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, Claudia Mostajo Díaz, quien le entregó un memorial en el que detalla las necesidades de los trabajadores administrativos y de las Unidades Médico Legales de la sede regional de la Fiscalía, pero si hasta antes del 27 de este mes no hay una solución para sus reclamos, es muy posible que paralicen sus actividades en señal de protesta. En caso esto ocurra los más afectados son los ciudadanos que mantienen procesos de investigación. Las exigencias han sido detalladas en 9 páginas.

Una de las áreas sensibles en el Ministerio Público es la Unidad Médico Legal porque su colaboración es determinante para la investigación penal, esta dependencia aporta el análisis de pruebas forenses, realiza necropsias, su paralización significa demora en los resultados, necesarios para formalizar acusación.

LOS RECLAMOS

En Medicina Legal los especialistas deben trabajar con productos químicos incluso a veces tienen que analizar cuerpos humanos en estado avanzado de putrefacción, por lo que se acordó, en gestiones pasadas, proveerles de leche. Es el caso que se les debe entregar el producto a inicios del año, pero resulta que el 2023 está a 6 semanas de terminar y a la fecha no se ha cumplido con lo convenido.

En marzo de este año les responden, por escrito, que en ese mes se aprobó los lineamientos para realizar el proceso de licitación, el mismo que no prosperó porque el mes de octubre se enteraron de que quedó trunco.

Otro ítem pendiente de solucionar es la situación de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS, que son 66 profesionales, quienes no acceden a beneficios laborales como gratificación, CTS, escolaridad y el derecho a una escala remunerativa que en el sector Salud fue aprobada y publicada.

También exigen que el servicio de alimentación que se ofrece al personal de guardia sea de calidad.

“Habiendo llegado a traer fragmentos de ala de pollo fritos la parte del hueso, las frituras son oscuras como si fuera en aceite quemado, gran cantidad de arroz y dos rodajas de tomate y dos de pepinillo”, se lee en el memorial entregado a Benavides, durante su visita a Arequipa realizada el pasado miércoles.

La administración respondió que la solución depende de Lima, así que los trabajadores en el mes de julio optaron por adquirir su propia alimentación y el costo de la misma debe ser devuelto. Para agosto se volvió a contar con los servicios de un proveedor de alimentos que no es mejor que el anterior.

Asimismo, se requiere que en el Ministerio Público se cumpla con las normas que rigen la Seguridad y Salud en el trabajo y Asistencia Social.

PROYECTO DETENIDO

A la actualidad se cuenta con un proyecto de implementación de los laboratorios de Toxicología, Biología Forense y Laboratorio de Biología Molecular y Genética a través de un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio Público que inició en el 2020, pero a la fecha la implementación tiene mucho retraso porque no se convocan las licitaciones. Lo más preocupante es que el convenio termina el próximo año.

La cristalización del mismo colocaría a la UML Arequipa en el grupo de laboratorios más sofisticados del país con tecnología de última generación dándole la calidad (ISO) a las pericias por ellos realizados.

“Es necesario aunar esfuerzo en las gestiones necesarias para destrabar este proyecto de implementación los cuales están a cargo de las subgerencias involucradas de la Unidad Ejecutora 010”, se lee en el documento.

SIN RESPUESTA

El 19 de octubre, Virginia Aguilar Cornejo de la Unidad Médico Legal III Arequipa envió un oficio al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del DF Arequipa, Ciro Alejo Manzano, informándole que carecen de equipos de cómputo e impresoras, esto no les permite entregar sus informes a tiempo.

“Al respecto, informar que de 138 equipos de cómputo asignados a las diferentes Unidades Médico-Legales del Distrito Fiscal de Arequipa 81 tienen 15 años de antigüedad”, se lee en la comunicación escrita.

De otro lado, indicaron que cuentan con 9 impresoras inoperativas en mal estado y 8 en estado regular a malo perjudicando de esta manera la labor pericial y administrativa de la Unidad Médico Legal Arequipa. Esta no es primera vez que se advierte de la falta de equipos, hubo 7 oficios anteriores.