La Fiscal de la Nación reconoció la crisis que vive su institución durante la sustentación del presupuesto que iba a tener para el 2024; pero a la vez existe un problema paralelo interno por la falta de institucionalidad y corrupción existente.

BAJOS RECURSOS, FALTA DE INSTITUCIONALIDAD Y CORRUPCIÓN

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reconoció ante el Pleno del Congreso de la República que el Ministerio Público estaría atravesando una crisis debido a la falta de presupuesto que hay para que se puedan desarrollar las distintas labores como los servicios administrativos, periciales, entre otros. Indicó que esta situación se la hizo saber a la Comisión de Presupuesto y al Ministerio de Economía y Finanzas en medio del debate de la Ley del Presupuesto Público para el 2024.

“El Ministerio Público peruano vive su hora más crítica en cuanto a su asignación presupuestal se refiere. Hemos llegado a la insólita situación en la que tenemos una brecha presupuestal que alcanza el 79% del total del presupuesto del Estado”, sostuvo. En esa línea, Benavides aseguró que demanda que haya una partida presupuestal de 14 mil 89 millones de soles, pero cuestionó la cantidad que le han otorgado desde el Ejecutivo.

“Solo se nos ha asignado 3 mil 44 millones, con lo cual en el 2024 tampoco se podrán atender plenamente las necesidades de la institución”, agregó. La titular de la Fiscalía de la Nación aseveró que el promedio anual de casos ingresados es del 10%, mientras que el promedio anual de aumento de fiscales llega apenas al 2.4%. Por ello, Benavides consideró que “no hay gestión que pueda cubrir todas las necesidades con el lesivo presupuesto que nos asignan”.

“Depende de esta representación nacional atienda las prioridades del sistema de justicia y de este Ministerio Público para que cuente con todas las herramientas para perseguir el delito y proscribir la impunidad”, dijo ante los congresistas.

CRISIS PARALELA: FISCALES VELA Y PEREZ SUSPENDIDOS

Sin embargo, la falta de presupuesto en la Fiscalía sería solo la punta del iceberg del escenario interno que existe en la actualidad.

En las últimas semanas se han puesto en marcha investigaciones contra fiscales que llevan casos de políticos por presunta corrupción. Nos referimos a Rafael Vela, coordinador del equipo especial de la trama Lava Jato, y el fiscal provincial José Domingo Pérez, quien tiene en su haber los procesos contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la excandidata presidencial, Keiko Fujimori. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abrió expedientes contra los dos.

A Vela ya se le impuso una suspensión por 8 meses y 15 días sin goce de haber por cuestionar la decisión del Poder Judicial de excarcelar a Fujimori en el 2020. Hace dos días, el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato sustentó su apelación ante la entidad liderada por Antonio Fernández Jerí para revocar la sanción, pero todo haría indicar que no revertirá el fallo.

Ante ese escenario es que Vela real Noveno Juzgado Constitucional de Lima que admitió la demanda de amparo que interpuso para que se deje sin efecto la suspensión impuesta desde la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público con el fin de seguir en sus funciones.

Sin embargo, ayer viernes  la ANC rechazó apelación del fiscal Rafael Vela y confirmó suspensión de más de ocho meses en su contra.

De otro lado, el fiscal Pérez señaló ante la Comisión de Investigación Preliminar de Quejas de la Oficina Desconcertada de Control de Lima Centro que jamás le faltó el respeto a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí.

“Al respecto, niego las alegaciones señaladas, toda vez que desconozco los hechos que han configurado faltarle el respeto debido al público, compañeros y subalternos, funcionarios judiciales u otros de la administración pública, representantes del órgano auxiliares de la justicia, de la defensa de oficio y abogados, en desempeño del cargo”, fue la respuesta de Pérez.

Además, el integrante del equipo Lava Jato solicitó que se cite como testigos a la fiscal Benavides, al titular de la ANC, Fernández Jerí, y al periodista Jaime Chincha, en cuyo espacio brindó las declaraciones que motivaron la última investigación disciplinaria.

Hay que agregar que Domingo Pérez alertó también que Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, y Richard Rojas, quien lleva el caso de Vladimir Cerrón, están en la mira de la Autoridad de Control.

José Ávila Herrera, abogado arequipeño y expresidente de la Junta Nacional de Justicia y actual docente universitario, en una  charla realizada en Lima,   acerca de la evolución y la importancia del Ministerio Público en la administración de la justicia,  indicó que esta institución actualmente no funciona como una balanza entre la paz y la libertad, sino como un mecanismo para favorecer los intereses personales de los funcionarios públicos.

“La debilidad en nuestras instituciones nos ha hecho retroceder tres puestos en el ranking mundial de competitividad económica. Tenemos una buena estabilidad macroeconómica, pero esta se ve perjudicada con la falta de moral y legalidad que hace que la corrupción de las autoridades le reste un porcentaje significativo al PBI”, enfatizó.