Por: Roxana Ortiz A.

Desde hoy se inician las audiencias para determinar si los 31 detenidos en Caravelí, como sospechosos de haber causado la muerte de 14 mineros informales, se quedan con prisión preventiva por 18 meses como ha solicitado la Fiscal para investigar el caso o llevarán el proceso en libertad.

Estará a cargo la jueza Pamela Suárez Gonzales, quien realizará esta audiencia de manera presencial en el auditorio Álvaro Chocano Marina, de la Corte Superior de Justicia, en medio de estrictas medidas de seguridad.

El Ministerio Público, presentó el requerimiento por 18 meses para los investigados y ver su probable participación en delitos de criminalidad organizada, tenencia ilegal de armas, homicidio calificado, lesiones graves; entre otros que presuntamente habrían cometido los detenidos, que en su mayoría provienen de la ciudad de Lima y que habrían sido contratados por la empresa Intigold Mining para dar seguridad a las instalaciones, según manifestaron los detenidos.

El requerimiento de prisión preventiva fue presentado en contra de Richard Bernal Robles, Yonley Montoya Huamaní, Jean Carlos Picón Albino, Max Chambi Quispe, Cristhian López DIaz, Carlos Infantes Changanaqui, César Ruiz Ponce, Andy Bravo Trujillo, Alex Guevara Pfocori, Willton Saurín Lancha, Iván Méndez Contreras y Juan Manchego Maeda.

De la misma manera para Roswell Tuanama Rumay, Juan Carlos Imán Sernaqué, Alberth Vilcapuma Aragonez, Miguel Ángel Montes de la Cruz, Gianmarco Benítez Puntillo, Karim Brioso Loarte, Melquiades Flores Catura y Edwin Chávez Chávez; todos detenidos en Caravelí.

Mientras tanto, enfrentarán este requerimiento de prisión preventiva, los detenidos en Atico; Carlos Leonardo Lucano, Juan Tejada Alonso, Jesús Carlos Juan de Dios Villanueva, Jesús Quispe Escobar, Joel Bayona López, Richard de la Cruz Apolinario y Cliford Mejía Laveriano.

Asimismo, Kevin Tamani Gonza, Christopher Santos Morales Tineo, Yesperson Paitán Castro y Pedro Flores Neira, detenidos en Ayacucho.

La investigación a cargo de la fiscal de Crimen Organizado se inició el año pasado, cuando se registró la muerte de un minero artesanal dentro de la concesión que mantiene la empresa Intigold Mining, pero que fue invadido en noviembre del 2017 por la asociación Callpa Renace y poco después por Atico Callpa, quienes habrían llegado a un acuerdo con los empresarios para pagar una especie de “alquiler” por la extracción de los minerales, monto que en algún momento dejaron de aportar y que habría sido el inicio de los enfrentamientos, puesto que buscaban el desalojo, por lo menos de una de las asociaciones.

En el proceso de investigación también han sido incluidos algunos efectivos policiales, en donde incluso estaría comprometido el ex jefe de la región policial, Víctor Zanabria Angulo, según la tesis de la fiscalía.