Fiscalía anuncia que se opondrá a  prisión domiciliaria para Toledo

VIAJARÁ EQUIPO A EE.UU PARA SU TRASLADO

Fiscal José Domingo Pérez lo adelantó  tras sustentar ante el Poder Judicial la acusación penal contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht.

El fiscal integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, informó que su despacho está a favor de que se cumpla la orden judicial para que el expresidente Alejandro Toledo sea recluido en un establecimiento penitenciario donde cumpla los 18 meses de prisión preventiva por el caso Carretera Interoceánica.

Por eso, el fiscal adelantó que se opondrá a un eventual pedido de detención domiciliaria que podría presentar la defensa legal del exmandatario. 

“Nos vamos a oponer porque se tiene que cumplir el mandato del juez, de internamiento en un establecimiento penitenciario”, declaró a los medios de comunicación.

Asimismo, Domingo Pérez reveló que ha solicitado formalmente que el titular del equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato, Rafael Vela, viaje a California (Estados Unidos) para “asegurar” el traslado de Toledo Manrique a Perú.

“He considerado la necesidad de que vayan fiscales que puedan asegurar el debido traslado que van a realizar las autoridades peruanas que serán encomendadas, para una adecuada y correspondiente actuación”, comentó.

SUSTENTO DE ACUSACION FISCAL

El fiscal brindó estas declaraciones luego de sustentar ante el Poder Judicial la acusación penal que presentó contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht.

El magistrado solicitó 20 años y seis meses de prisión contra el exmandatario y que sea inhabilitado por nueve años para ejercer cargo público, al acusarlo como autor de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

Pérez Gómez acusó al expresidente de haber solicitado 35 millones de dólares a la empresa brasilera Odebrecht para que resulte favorecida en la licitación, para la construcción de los tramos dos y tres de la Carretera Interoceánica Sur.

El fiscal solicitó también nueve años y nueve meses contra Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo; así como para Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font Quevedo. En tanto, también pidió 20 años y seis meses de cárcel para los empresarios Fernando Camet Picone, José Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey, implicados en el caso.

En tanto, el representante de la Procuraduría Ad Hoc para los Casos Odebrecht y Lava Jato, Miguel Chero, solicitó que los implicados en este caso paguen una reparación civil solidaria de mil 837 960 602.30 soles y 463 782 460.35 dólares, por concepto reparación civil a favor del Estado peruano en este proceso penal.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso que el lunes 24 de abril desde las 2:30 p.m. se inicie el control formal del contenido de esta acusación fiscal con la participación de las todas partes implicadas en este caso, por el cual las autoridades de los Estados Unidos aprobaron la extradición del expresidente Alejandro Toledo nuestro país.

SU ENTREGA

Toledo se entregó a las autoridades estadounidenses para ser detenido y, posteriormente, extraditado al Perú para afrontar los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso por el caso Interoceánica.

El exmandatario debió llegar a las 11:00 a.m. a la sede del Palacio de Justicia de San José, en California, por lo que en ese momento se informó del vencimiento del plazo.

Sin embargo, RPP Noticias pudo conocer que el exmandatario acudió a una sede judicial distinta a la esperada, un movimiento del fundador de Perú Posible que ha hecho que no se tengan imágenes de su entrega.

Previo a su entrega, el exmandatario peruano, investigado por presunta corrupción y lavado de activos, presentó una moción de emergencia con el objetivo de que se vuelva a suspender el proceso de extradición para que sea juzgado por supuestamente haber recibido más de 30 millones de dólares en coimas de la brasileña Odebrecht cuando era jefe de Estado, entre los años 2001 y 2006.

No obstante, su recurso por retrasar su llegada al Perú fue rechazado por la jueza Beryl Howell, de la Corte de Columbia, lo que implicaba que el expresidente peruano cumpla con la orden de entrega dispuesta el miércoles, 19 de abril, por el magistrado Thomas Hixson.

Después de conocerse la decisión de la justicia estadounidense, la agencia de noticias EFE difundió una entrevista al exlíder del extinto partido Perú Posible, quien anunció que sí se pondría a disposición de las autoridades norteamericanas.

«Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos», clamó el mandatario desde su departamento ubicado en la localidad de Menlo Park, en la Bahía de San Francisco.

«Lo haré, soy respetuoso con la decisión del juez (Thomas S. Hixson), aunque no la comparta», respondió al ser consultado sobre su entrega al sistema judicial de EE.UU.

Estas declaraciones fueron las últimas que concedió Toledo Manrique en su condición de arresto domiciliario, régimen del que goza desde el 2020, tras cumplir un año en la prisión californiana, por los peligros que la crisis sanitaria de la COVID-19 podían representar para su estado de salud.

Alejandro Toledo se encontraba en Estados Unidos desde el año 2017, época en que el exdirector de la constructora brasileña Odebrecht, Jorge Barata, narrara los detalles de los supuestos acuerdos ilícitos con el exmandatario para la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

Por esta licitación, de acuerdo con lo revelado por Barata, el político exigía una coima de cerca de 35 millones de dólares.

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