Por: Isabel Alvarez C.

En el segundo semestre del año pasado, Arequipa fue la novena región más corrupta con más de 200 casos en investigación fiscal. El dinero que se pierde por esta situación podría haberse utilizado para cubrir brechas de pobreza.

DESINTERÉS EN AUTORIDADES PARA REVERTIR LA SITUACIÓN

Arequipa cerró el segundo semestre del 2024 con 238 casos de corrupción en trámite y, aunque esta cifra representa una disminución en comparación al mismo periodo en 2023, en el que se registraron 245 casos, la región continúa situándose entre las diez con mayor incidencia a nivel nacional.

De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, que recoge información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, los delitos con mayor incidencia fueron negociación incompatible (58), cohecho (53), peculado (38) y colusión (25).

También se registraron otros con menor incidencia, pero relevantes: peculado de uso, retardo injustificado de pago, tráfico de influencias, concusión, cobro indebido, enriquecimiento ilícito, malversación y patrocinio ilegal.

La mayoría de casos (226) se encontraron en la etapa de investigación preliminar, diez casos estaban en investigación preparatoria y 2 en la etapa de juicio oral o juzgamiento.

Para la Defensoría, esta baja proporción de casos en juicio pone en relevancia la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación, de tal manera que se reduzca la acumulación de denuncias en fase preliminar.

Del total de denuncias, la entidad considera 8 casos importantes que se registraron en entidades como Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), el Poder Judicial, entre otros. Uno de los que afecta al GRA es una denuncia sobre “sobredimensionamiento de Majes Siguas II”, se sostiene que la meta del proyecto es irrigar 38500 hectáreas de terrenos, sin embargo, el recurso hídrico del río Apurímac (fuente de abastecimiento) solo alcanzaría para 9 mil hectáreas, asimismo, se advierte que esta situación favorecería a la que entonces era la concesionaria, Cobra. En este caso también se cuestiona la firma de adendas “injustificadas”.

Otro está relacionado a una obra de ampliación de servicios educativos del nivel secundario del colegio César Vallejo del centro poblado de Pucchun (Camaná). Aquí se advierte el ingreso de 20 mil pies de madera valorizada en S/ 170,000, aproximadamente, los que no tendrían documentación forman y no cumplirían con las especificaciones técnicas.

En la provincia de Arequipa se resalta el caso de “Los incorregibles de la MPA”, en el que los implicados habrían cobrado entre S/ 2,500 y S/ 5 mil para borrar infracciones del sistema municipal.

De los otros 230 casos, el 37.8% (87) afecta a las municipalidades, el 20.9% (48) a la Policía, 16.5% (38) al GRA, el resto se registraron en otras instituciones como ministerios, Fiscalía, Poder Judicial y universidades.

COSTO DE LA CORRUPCIÓN

De acuerdo al último informe de la Contraloría, en 2023, en la región se perdieron 928 millones de soles por corrupción e inconducta funcional, de los cuales S/ 792 millones se concentra solo en la provincia de Arequipa. El monto regional hubiera permitido cubrir la brecha de la pobreza que asciende a unos S/ 188 millones.

Para poner un ejemplo de cómo se pierde este dinero, durante el 2023, el GRA realizó 25 procesos de compras ordinarias de materiales, en los que no se eligieron las propuestas más convenientes económicamente, advirtió el ente de control. Una de las adquisiciones fue de 300 sacos de polipropileno, por los que el GRA gastó S/ 64,782, pero el mejor postor ofrecía un costo de S/ 42,480.

Estas acciones infringen el principio de prelación según el precio, de acuerdo al Informe de Servicio de Control Específico N° 080-2024-2-5334, por tanto, generaron un perjuicio económico de S/ 110,512.

Ese mismo año, en la Municipalidad de Cerro Colorado, a través del Informe de Control Posterior N° 030-2024-2-1323, se dio a conocer que en el marco del plan de trabajo “Empadronamiento masivo por barrido focalizado 2023”, contrataron proveedores con impedimento de hacerlo con el Estado.

La Contraloría señaló que esta omisión de verificación de la existencia de vínculos de parentesco con servidores de la entidad ocasionó un perjuicio potencial de S/ 76,800.

FALTA DE INTERÉS

Pese a que esta problemática termina afectando a la ciudadanía, en Arequipa no hay interés en mejorar el panorama porque hasta el momento no se implementa la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la misma que se aprobó hace más de 7 años, advierte Andre Sarayasi, jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa.

Esta política nacional establece un modelo de integridad que tiene 9 componentes: compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas de integridad, transparencia, controles y auditoría, comunicación y capacitación, canal de denuncia, supervisión, y el encargado del modelo de integridad.

Lamentablemente, las autoridades de la región no cumplen con lo dispuesto.

En el tema de transparencia, por ejemplo, los portales de las entidades de Arequipa no tienen información actualizada, alertó Sarayasi. Las autoridades deberían actualizar mensualmente datos, como los gastos que realizan. Otra falta recurrente es que no responden a los informes de control que, justamente, buscan prevenir perjuicios al Estado.

Sarayasi explicó que también es importante capacitar a los funcionarios y trabajadores porque la corrupción es consecuencia de la falta de integridad de los funcionarios y trabajadores.

Finalmente, urge la implementación de los canales de noticias, donde los ciudadanos puedan reportar sus denuncias y recibir las garantías necesarias.

A fines del 2023, la Defensoría exhortó a las entidades instalar sus oficinas de integridad. Hasta el momento solo el GRA tiene una, pero todavía “no llegó a la etapa de maduración”. Otras tres municipalidades provinciales indicaron que tienen ya un plan, encargaron la tarea a una oficina existente o que están en proceso. El resto no hizo nada.

A nivel nacional, se identificaron 6,152 casos de corrupción en trámite en el segundo semestre de 2024, el 95% de ellos está en investigación preliminar, el 4% en investigación preparatoria, el 0.2% en etapa intermedia y solo el 0.3% está en juicio oral o juzgamiento.

Las denuncias afectan a diferentes instituciones del estado., similar al porcentaje nacional (37%). Otras entidades afectadas son los gobiernos regionales (17%), la Policía (13%), los ministerios (4%), el Poder Judicial (3%), el Ministerio Público (3%) y las universidades (3%).

Elaboración: Defensoría del Pueblo