El colapso del puente Chancay, ocurrido la semana pasada a solo 80 kilómetros de Lima, dejó al descubierto una serie de advertencias y fallos en la gestión pública, que ya están siendo investigados por la Fiscalía.

A través de documentos que emergen poco a poco, se confirma que las autoridades competentes, encabezadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), fueron manifestadas desde 2019 sobre las graves condiciones estructurales de la infraestructura. Sin embargo, no se tomaron acciones inmediatas para prevenir el suceso.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) señaló que el responsable directo de la construcción del puente fue el MTC, a través de su unidad Provías Nacional.

A pesar de los esfuerzos recientes por poner en marcha el proyecto de reconstrucción, los antecedentes documentales indican que la situación era conocida desde hace años.

De hecho, en octubre de 2019, un informe elaborado por la subdirección de estudios de la Dirección de Infraestructura de Provías Nacional alertaba sobre las deficiencias del puente, destacando que «las características geométricas y el diseño estructural no cumplen con los requerimientos de la normativa técnica del MTC y las especificaciones de diseño vigentes».

Este mismo expediente resaltaba que, con el paso del tiempo, las condiciones hidráulicas del río causaron erosiones que afectaban el armazón del viaducto. A raíz de ello, se proponía la construcción de una nueva plataforma de concreto con un diseño más robusto y adecuado a las normativas vigentes.

No obstante, la documentación, que hacía referencia al proyecto de inversión 2465966, nunca fue ejecutado, y la obra de infraestructura se quedó en el limbo durante varios años.

El siguiente paso fue en 2021, cuando el proyecto fue declarado viable en papel. Pese a ello, no fue sino hasta junio de 2023 que finalmente comenzaron los estudios para elaborar el expediente técnico, según registros disponibles en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
El inicio de las obras se calculó para octubre de 2025, con un plazo estimado de culminación para diciembre de 2028.

El periodista Alfonso Baella Matto, quien destapó este documento, denunció que la información sobre las deficiencias del puente Chancay ya era conocida desde 2017, cuando la concesionaria Norvial también alertó sobre la necesidad de su reemplazo.

El Ministerio Público, por su parte, abrió una investigación preliminar para determinar las responsabilidades en torno a la tragedia que sucedió y causó la muerte de tres personas y dejó 41 heridos.

La Fiscalía indaga posibles delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y atentado contra los medios de transporte colectivo de comunicación, en agravio de los afectados.