El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió al Parlamento un ambicioso proyecto de enmienda constitucional para ampliar los poderes del Gobierno central y garantizar los recursos necesarios en la lucha contra el creciente crimen organizado.

«Vamos a penalizar a todos aquellos que cometan cualquier delito que interfiera en la tranquilidad de la sociedad brasileña», afirmó el mandatario en el acto de presentación de la iniciativa, en el que también participaron los jefes de ambas cámaras legislativas.

El líder progresista pidió que el texto sea votado «lo más rápido posible» para hacer frente cuanto antes a las organizaciones criminales, que describió como «multinacionales» dedicadas a contrabandear armas, ejercer la violencia y traficar con drogas.

La iniciativa comienza ahora su trámite parlamentario después de casi un año de discusiones entre el Gobierno y las administraciones regionales y municipales, estas dos últimas tenedoras de las competencias en materia de seguridad.

Lula subrayó que la propuesta no «quiere interferir» en la autonomía de los 27 estados brasileños, sino «poner a disposición» los recursos del Gobierno central para «no permitir que el pueblo continúe andando asustado por las calles del país».