Críticas por presencia del cardenal Juan Luis Cipriani en reuniones previas al cónclave.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se refirió ayer a la cuestionada presencia del cardenal peruano Juan Luis Cipriani en la antesala del cónclave, pese a que el papa Francisco le impuso en vida un precepto penal con restricciones a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, tras una denuncia por abuso sexual.

Durante una rueda de prensa con periodistas posterior a la quinta congregación general de cardenales —encuentro que reúne en el Vaticano a purpurados electores y no electores— Bruni fue escueto y no ofreció detalles sobre si las sanciones impuestas contra Cipriani le impedían tomar parte.

“Todos los cardenales pueden participar en las congregaciones generales”, declaró, según declaraciones recogidas por el medio Crux, y añadió que la constitución vaticana que regula los cónclaves, Universi Dominici Gregis, es clara al respecto. Añadió que no proporciona “información particular sobre los cardenales” y que se iba a informar sobre el asunto.

El portal, que cubre de forma independiente noticias relacionadas con la Santa Sede y la Iglesia Católica, informó que en esta jornada los cardenales discutieron temas cruciales para el futuro de la Iglesia, como la evangelización, los abusos y las cualidades deseadas en el próximo pontífice.

Coincidentemente, Cipriani estuvo presente en la reunión, a pesar de que el diario El País reveló que en 2018 una víctima envió una carta al pontífice para denunciar lo que sufrió en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años. El diario español, que citó fuentes eclesiásticas en Lima y al propio denunciante —quien pidió permanecer en el anonimato y actualmente tiene 58 años— señaló que no era la primera acusación de este tipo contra el exarzobispo de Lima y miembro del Opus Dei.

Las fuentes consultadas por El País confirmaron que ya existía una denuncia previa en 2002, mientras que Cipriani relató que se le impusieron “una serie de penas” que limitaron su ministerio sacerdotal, se le asignó una “residencia estable fuera del Perú” y se le pidió que “guardara silencio”.

No obstante, denunció que estas medidas adoptadas por Francisco fueron tomadas “sin haber sido escuchado, sin saber más y sin que se abriera un proceso”. También negó enfáticamente las acusaciones de pederastia: “No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983 ni después”, aseguró. Posteriormente, relató que en febrero de 2020, tras una audiencia con el pontífice, este le permitió “reanudar” sus tareas pastorales.