El presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, a través de una columna de opinión publicada ayer domingo, volvió a pronunciarse sobre la situación en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde 13 trabajadores vinculados a la minera Poderosa fueron asesinados, tras permanecer varios días secuestrados por mineros ilegales y criminales. 

En ese sentido, el titular de la PCM resaltó que dicha «masacre» debe representar «un antes y un después en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado», y que la cadena perpetua para los responsables «resultaría insuficiente».

«La insania terrorista con la que se perpetraron los 13 asesinatos que han puesto a prueba la templanza de todos los peruanos, no quedará impune. El largo brazo de la ley alcanzará más temprano que tarde a todos los autores de la matanza, y estos pagarán sus culpas tras las rejas. Aunque, a decir verdad, la cadena perpetua resultaría insuficiente para tanta inhumanidad», sostuvo.

Asimismo, indicó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es una «puerta abierta para la minería ilegal» y dijo confiar en que el Congreso aprobará la propuesta del Ejecutivo de tipificar el delito de terrorismo urbano.

«Con sentido de unidad, confiamos en que el Congreso de la República se sumará a los esfuerzos desplegados para devolverle la tranquilidad al país aprobando la propuesta del Ejecutivo que tipifica el delito de terrorismo urbano, porque es eso lo que el Perú está sufriendo: terrorismo; y aprobando la ley MAPE, lo cual permitirá dejar en el olvido al Reinfo, puerta abierta para la minería ilegal que tantas vidas de peruanos ya ha cobrado», señaló. 

Cabe indicar que, en noviembre del año pasado, el Congreso aprobó una tercera ampliación del plazo del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal a través del Reinfo, por 6 meses más y con la posibilidad de ampliación por un tiempo similar. La autógrafa de ley no fue observada por el Ejecutivo, sino que fue promulgada, el último 27 de diciembre, con las firmas de la presidenta Boluarte y del premier Gustavo Adrianzén.