PERJUDICA A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SUR

Reunión entre el presidente de la CCIA y el superintendente Nacional de Fiscalización Laboral. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) expresó su desacuerdo sobre la norma que atenta contra la pequeña empresa y, por el contrario, fomenta la informalidad, debido a que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, ha aprobado el proyecto de Ley N.° 9744/2024-CR, que tiende a otorgar bonos o incentivos económicos a los inspectores de Sunafil vinculados directamente a la imposición de multas.

Carlos Fernández Fernández, presidente de la CCIA, asegura que esta medida representa una amenaza directa a las más de 393 mil micro y pequeñas empresas formales de la macrorregión sur, de las cuales más de 131 mil están registradas solo en Arequipa. Lejos de promover el desarrollo, esta iniciativa legitima la persecución y castiga a quienes, en medio de una lenta reactivación, apuestan por la formalidad, la generación de empleo y la inversión en sus trabajadores.

El presidente del gremio empresarial señala que las pequeñas empresas formales en la región enfrentan enormes desafíos como la excesiva carga tributaria, barreras burocráticas y un entorno de alta criminalidad.

En Arequipa, el 99.48 % del total de unidades productivas corresponden a micro y pequeñas empresas, las mismas que generan más del 86.3 % del empleo privado local.

«Reintroducir mecanismos sancionadores con fines recaudatorios solo provocará más informalidad y desconfianza hacia el Estado», señaló. Asimismo, hizo un llamado a los congresistas a reflexionar sobre el tema y evitar el colapso de miles de empresas y con ello, la caída en la recaudación de impuestos que permiten la ejecución de obras y el mantenimiento del aparato estatal.

REUNIÓN CON SUNAFIL

Mientras tanto, y en un afán de seguir promoviendo la formalidad, el presidente de la CCIA y el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Michael Guevara Varela, sostuvieron una reunión para impulsar acciones que promuevan la formalización laboral. Para ello, se ejecutarán campañas itinerantes en  ciudades como Camaná y Mollendo. «La fiscalización no puede ni debe convertirse en una herramienta de recaudación. Reclamamos un enfoque de acompañamiento y mejora continua, que reconozca el esfuerzo del empresario formal y contribuya a cerrar brechas sociales», indicó Fernández.