La controversia sobre las cirugías estéticas realizadas por la presidenta Dina Boluarte en junio de 2023 ha reavivado el debate constitucional sobre si estos actos configuran causal de vacancia. El cirujano Mario Cabani confirmó que la mandataria se sometió a cuatro procedimientos estéticos -rinoplastia, blefaroplastia, injertos grasos y hilos de sustentación facial- bajo sedación, con una recuperación que implicó al menos dos días de internamiento. Este hecho, sumado a la presunta omisión de informar su ausencia al Congreso, ha generado cuestionamientos legales y políticos.

Marco constitucional y argumentos legales

La Constitución peruana establece en su artículo 113 causales de vacancia como la incapacidad moral permanente, muerte, renuncia o impedimento físico permanente. Sin embargo, expertos como Fernando de la Flor señalan que la figura de “incapacidad moral” carece de precisión jurídica y ha sido aplicada de manera discrecional desde 2016. En cambio, el artículo 118 exige al presidente ejercer funciones sin interrupciones no autorizadas.

La Comisión de Fiscalización del Congreso determinó con “alto grado de certeza” que las cirugías de Boluarte -realizadas sin justificación médica urgente- generaron una incapacidad temporal de 2 a 12 días, durante los cuales firmó decretos supuestamente desde Palacio de Gobierno, pese a estar hospitalizada. Este escenario, según el informe, configuraría “abandono de cargo sin justificación constitucional”, al no activarse el mecanismo de sucesión presidencial (artículo 115).

Posturas políticas y proceso judicial

La bancada de Honor y Democracia, liderada por Gladys Echaíz, considera que Boluarte infringió la Ley de Transparencia al ocultar las intervenciones y su convalecencia, lo que podría motivar un juicio político posterior a su mandato. No obstante, la vacancia inmediata parece inviable: la Constitución protege a la presidenta de procesos judiciales durante su ejercicio, y el Congreso requeriría mayoría calificada (87 votos) para aprobarla, un escenario improbable dada la fragmentación legislativa.

La Fiscalía investiga a Boluarte por presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo, basándose en evidencias como el informe médico de la Clínica Cabani y testimonios que contradicen su versión inicial de “procedimiento menor”. El cirujano Cabani detalló que la mandataria requirió cuidados posoperatorios que limitaban su movilidad y visión, cuestionando la autenticidad de documentos firmados durante su internamiento.

Implicancias y contexto social

El caso trasciende lo jurídico: ocurre en un clima de desaprobación ciudadana del 94% y crisis política agravada por investigaciones por enriquecimiento ilícito. Para analistas, insistir en la vacancia podría profundizar la inestabilidad, especialmente ante la ausencia de vicepresidente y el riesgo de sucesiones conflictivas. Sectores sociales critican la prioridad del debate, considerándolo ajeno a problemas urgentes como la inseguridad o la recesión económica.

En conclusión, aunque las cirugías estéticas de Boluarte no encajan claramente en las causales de vacancia vigentes, la presunta omisión de informar su ausencia al Congreso podría derivar en un juicio político post-mandato. La decisión final dependerá de factores legales, políticos y la presión ciudadana en un país con instituciones frágiles y alta desconfianza en sus líderes. Pero es importante indicar que al señor Martin Vizcarra le invocaron la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, argumentando la discrecionalidad y liberalidad que tienen los congresistas, con lo cual ante un eventual proceso de vacancia, seria un acto principal el Tribunal Constitucional como máximo interprete de la Constitución.