Preocupantes cifras de violencia en colegios de Arequipa. De acuerdo al portal SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), Arequipa registró 214 casos de violencia en el ámbito escolar durante el 2025. De esa cifra, 44 corresponden a denuncias por violencia sexual y al menos cinco casos están relacionados con violación sexual dentro de instituciones educativas. Durante el 2023 y 2024, se reportaron 33 denuncias por violación, lo que evidencia que la problemática persiste. Desde la Comisión de Educación del Consejo Regional de Arequipa cuestionaron la falta de celeridad por parte de la Gerencia Regional de Educación (GREA).

ES LA SEGUNDA REGIÓN CON MÁS CASOS

De las 214 denuncias reportados este año, 71 corresponden a violencia física, 99 a violencia psicológica y 44 (el 20.56%) a violencia sexual. En lo que va del 2025, se reportaron cinco denuncias por violación sexual. En 2024 hubo 18 y en 2023, 12; sumando un total de 38 denuncias en los últimos tres años. Uno de los casos más recientes involucra a una estudiante del colegio Lord Byron School, presuntamente abusada por el docente Raúl Jhon Lozano Bedoya, actualmente no habido.

«Actualmente Arequipa es la segunda región con más casos de violencia escolar después de Lima, una región con 15 veces más población. Esto lo refleja el portal SíseVe. Frente a los distintos tipos de abuso —físico, psicológico y sexual— las autoridades del sector Educación permanecen indiferentes. Es lamentable. El sector atraviesa un cáncer terminal y esto se debe a muchos factores, pero principalmente, a la desidia de sus autoridades», manifestó Miguel Ángel Linares Riveros, consejero regional y presidente de la Comisión de Educación del CRA.

Del total de casos de violencia sexual, el 77.27% de las víctimas son niñas y el 22.73% niños. Esto evidencia una mayor vulnerabilidad de las menores a sufrir acoso o abuso sexual por parte de compañeros o incluso personal docente. El 76% de los casos de abuso se registró en colegios estatales y el 24% en instituciones privadas, por lo que en la mayoría de casos la GREA está facultada a abrir investigaciones contra los docentes denunciados. Sin embargo, las sanciones requieren un Proceso Administrativo Sancionador (PAS) que muchas veces se prolonga por hasta un año antes de determinar responsabilidades.

Pese a la gravedad de las denuncias, preocupa la lentitud de los PAS contra docentes implicados en actos de violencia. En muchos casos, los docentes son retirados de sus instituciones, pero posteriormente son reubicados en colegios más alejados, lo que implica que las sanciones no siempre son proporcionales a las infracciones. Más aún, cuando la falta de personal docente en algunos colegios orilla a los directores a reubicar a docentes sancionados.

«No percibo debida diligencia en los procesos de sanción a docentes. Creo que existe una falsa noción de «compañerismo» entre quienes son denunciados por abuso y quienes los investigan. (…) Los PAS son muy lentos y, muchas veces, los profesores son retirados, pero luego puestos a disposición de las Unidades de Gestión Educativa Local, desde donde se les reubica en otros colegios una vez cumplida la sanción», advirtió Linares Riveros.

Del total de casos registrados este año, 140 (el 65.42%) corresponden a violencia entre escolares, mientras que 74 (el 34.58%) involucran a docentes como agresores. Es decir, al menos un tercio de los responsables de la violencia son profesores que, pese a las denuncias, continúan ejerciendo la docencia en otras instituciones.