Labor de Sunafil contra la informalidad debe ser fortalecida. (Vigilante.pe)

En un país como el Perú, donde más del 70% de los trabajadores vive en la informalidad, cualquier intento por promover un empleo formal debe ser cuidadosamente diseñado, no solo con rigor técnico, sino también con sensibilidad social. Recientemente, un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso ha abierto un debate necesario: ¿cómo debe fortalecerse la SUNAFIL, la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales?

La propuesta, que contempla la entrega de bonos a fiscalizadores por los fondos que logren recaudar mediante sanciones, ha generado preocupación entre diversos sectores. La lógica detrás de esta medida parece ser la de premiar el cumplimiento mediante incentivos económicos. Sin embargo, voces especializadas advierten que este tipo de enfoques puede distorsionar el verdadero rol de la fiscalización, según Vigilante.pe.

Para entender el problema, vale imaginar situaciones cotidianas. Pensemos en una escuela donde los docentes reciben un bono cada vez que sancionan a un estudiante, o en un hospital donde los médicos obtienen un incentivo cuando un paciente retorna con una recaída. ¿Cuál sería la reacción social ante estos esquemas? Probablemente, rechazo.

La SUNAFIL, como cualquier entidad pública encargada de velar por el cumplimiento de normas, debe buscar no solo detectar faltas, sino promover un entorno de mejora continua. En palabras de representantes de la asociación civil Vigilante, el objetivo de la fiscalización no debe centrarse en “encontrar la falta”, sino en evitar que ocurra.

“Cuando se incentiva el castigo, se cambia el enfoque. Ya no se prioriza la educación, la prevención ni el acompañamiento. El rol del Estado no puede ser el de un vigilante que espera al infractor, sino el de un aliado que ayuda a hacer las cosas bien”, explican.

Más allá de los incentivos, el verdadero reto de la SUNAFIL está en el marco legal que debe hacer cumplir. En muchas ocasiones, la legislación laboral resulta tan rígida que termina alejando a los emprendedores del camino formal. Esto se agrava en regiones rurales, donde la informalidad puede alcanzar hasta un 95%.

“El pequeño empresario no siempre incumple porque quiere. Muchas veces lo hace porque las normas son difíciles de entender o aplicar, o porque el costo de formalizarse es demasiado alto para su realidad económica”, señalan desde Vigilante.pe.

De esta manera, dar más herramientas a SUNAFIL para sancionar no resuelve el problema de raíz. Lo que se necesita, coinciden varios expertos, es una reforma normativa integral, más cercana al Perú real y capaz de distinguir entre el gran empleador que evade y el pequeño emprendedor que sobrevive.

FISCALIZACIÓN

Fortalecer a la SUNAFIL no significa convertirla en una entidad punitiva. Significa dotarla de mejores capacidades para educar, acompañar y promover la formalización desde la comprensión y el respeto. Esto implica también invertir en capacitación de sus inspectores, fomentar una cultura institucional orientada al servicio, y diseñar campañas que acerquen al ciudadano a la legalidad, sin miedo.

“No se trata de quitar la fiscalización, sino de hacerla más inteligente”, resume un especialista en relaciones laborales. “El Estado debe ser un socio del crecimiento, no un obstáculo. Y eso empieza por dejar de pensar que multar más es sinónimo de hacer mejor las cosas”.

La aprobación del dictamen en el Congreso aún puede ser revisada o complementada. Lo importante es que el debate sirva como punto de partida para replantear la forma en que entendemos el rol de las instituciones en el desarrollo económico del país.

Porque al final del día, más que castigar al informal, lo que necesitamos es ayudarlo a dar el salto a la formalidad. No con temor, sino con confianza.