Por Rocío Velazco C.

Javier Fernández Dávila, presidente del Jurado Electoral Especial de Arequipa.

IMPLICADOS SON ALCALDES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El proceso electoral con miras a las elecciones de abril de 2026 ha comenzado de manera anticipada, y con ello, las autoridades electorales han puesto en marcha sus mecanismos de control y fiscalización. En Arequipa, el doctor Javier Fernández Dávila Mercado, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de la región, ha confirmado la instalación de su despacho y ha revelado que la publicidad estatal se ha convertido en el principal foco de atención y preocupación, generando ya cerca de 60 procesos de infracción en apenas un mes de funcionamiento. Esta situación inusual, donde la campaña electoral se inicia un año antes de los comicios, impone estrictas limitaciones a los funcionarios públicos que, en muchos casos, ya han manifestado su intención de postular.

El 27 de marzo de este año fue el inicio oficial del proceso electoral, un hecho que, según Fernández Dávila, “es inusual que un año antes estemos en proceso electoral”. Esta anticipación, aunque desafiante, establece un marco de limitaciones estrictas que los funcionarios públicos deben acatar. La norma es clara: desde el 27 de marzo, la publicidad estatal está “dirigida y limitada”, buscando garantizar la neutralidad y equidad en la contienda electoral.

El titular del JEE enfatizó que, aunque es natural que los funcionarios públicos comuniquen sus logros y campañas a la población, durante el período electoral “no puede” hacerse de la misma manera. La razón es fundamental: los funcionarios, al ostentar cargos públicos y manejar recursos del Estado, deben operar bajo las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano que desee postular, evitando cualquier ventaja indebida. “El Estado tiene que ser totalmente transparente en proceso electoral”.

Existen excepciones muy específicas para la publicidad estatal: solo se permite en casos de “impostergable necesidad y por utilidad pública”. Es decir, campañas de amnistías tributarias, campañas de vacunación promovidas por el gobierno regional o asambleas de presupuesto participativo, entre otras.

Cualquier acción debe ser directamente beneficiosa para la población. No obstante, incluso en estos casos permitidos, la publicidad no puede incluir “colores, logotipos, símbolos, frases que identifiquen a una organización política”, ni tampoco los nombres o imágenes de funcionarios públicos si, de alguna manera, directa o indirecta, constituyen publicidad política, subrayó.

La importancia de esta restricción es crucial, ya que muchos alcaldes y funcionarios públicos han anunciado su participación en el proceso electoral. El presidente del JEE Arequipa subrayó que ellos están “más expuestos a caer en infracción”.

El JEE Arequipa cuenta con mecanismos establecidos para detectar posibles infracciones. Detalló dos vías principales:

• Vía oficiosa: El Jurado Electoral Especial dispone de 60 fiscalizadores distribuidos en toda la región sur. Estos no solo monitorean las calles, sino que también revisan publicaciones en diarios y visitan instituciones públicas, asegurándose de que las normas se cumplan.
• Vía de denuncia: La ciudadanía y otras instituciones pueden presentar denuncias.
  El JEE ha recibido casos remitidos por la Defensoría del Pueblo o la Contraloría General de la República. Una vez advertida una posible infracción, los fiscalizadores abren un proceso de investigación.

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CASOS

Fernández Dávila indicó que el impacto de esta labor ya es palpable. A pesar de llevar solo un mes en funcionamiento, el JEE Arequipa ya ha abierto procesos significativos:

• Un proceso por infracción a la neutralidad, relacionado con una autoridad que aparentemente estaba promocionando una candidatura.
• Un proceso inicial por publicidad estatal.
• Y, lo más destacado, “casi 60 procesos de publicidad estatal” en los que “están implicados mayormente alcaldes, funcionarios públicos”.

La responsabilidad recae en el “titular del pliego”. Por ello, hace un llamado a las máximas autoridades, como el gobernador regional y los alcaldes, para que comuniquen estas limitaciones a todas las dependencias bajo su cargo (salud, transportes, agricultura, etc.), así como a sus consejeros regionales, quienes a menudo tienen equipos dedicados a difundir sus actividades. “Ahora no, ahora no pueden hacerlo”, sentenció.

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TRABAJO CONJUNTO DE PREVENCIÓN

Conscientes de la necesidad de prevenir infracciones, el JEE de Arequipa ha llevado a cabo importantes acciones de coordinación y difusión. Se han reunido con la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el alcalde provincial y el gobernador, buscando su cooperación para disuadirlos sobre sus funciones. Además, están visitando a los alcaldes distritales de Arequipa y han comunicado a todas las autoridades del sur que el proceso electoral ya está en marcha.

La Defensoría del Pueblo, a través de sus defensores en provincias de la región, ha enviado comunicaciones advirtiendo sobre las restricciones. El JEE también ha hecho lo propio, enviando comunicados a todas las autoridades del sur y planea una “campaña permanente” de visitas presenciales, especialmente a las autoridades más importantes de Arequipa. El objetivo es disuadir, prevenir y recordar constantemente las limitaciones del proceso electoral.

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SANCIONES

Una vez que se presenta una denuncia o se detecta una infracción, el proceso es ágil. Los fiscalizadores del JEE emiten un informe y, si se advierte una infracción, se inicia un proceso. La primera etapa de este proceso concluye con una orden para que el infractor cese, retire o adecúe la publicidad en un plazo de 10 días. Si el infractor no cumple, se inicia un segundo proceso que puede derivar en una multa o incluso en una denuncia formal ante la Contraloría o la Fiscalía.

Las multas son considerablemente elevadas, oscilando entre 30 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de acuerdo con el reglamento de infracciones. La remisión de casos a la Contraloría o Fiscalía ocurre si el funcionario persiste en la infracción, especialmente porque se están utilizando fondos públicos.

Un aspecto crucial es la rápidez del proceso. Fernández Dávila afirmó que, en primera instancia, se determina si se ha cometido una infracción «no dura ni una semana, es rapidísimo». Confirmó que entre los investigados hay alcaldes y gobernadores regionales.