La construcción del puente Añashuayco II, impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), arrastra deficiencias que podrían paralizar su ejecución. La Contraloría advirtió que el proyecto carece de sustento técnico clave y no tiene asegurada la disponibilidad legal del terreno donde se pretende ejecutar. En ese escenario, su viabilidad técnica queda en duda y pone en riesgo el inicio de la obra, anunciado para antes de que culmine la actual gestión regional.

A través del Informe N.° 017-2026-CG/APP-OXI, la Contraloría advirtió que el proyecto presenta un riesgo de inviabilidad legal, debido a que cerca del 80% del área prevista para su ejecución se ubica dentro de la faja marginal de una torrentera, sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Aunque el GRA reconoce esta condición, sostiene que el área podría considerarse “libre” en función de su estado físico. Sin embargo, no acreditó gestiones formales ante la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) para obtener la autorización correspondiente, lo que compromete la disponibilidad legal del terreno.

A esta limitación se suma que el proyecto no cuenta con un expediente técnico completo. En el componente hidráulico, la Contraloría identificó la ausencia de parámetros esenciales exigidos por el Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como el caudal de diseño, el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME), la profundidad de socavación y el gálibo. La omisión de estos elementos impide validar la seguridad estructural del puente frente a eventos hidrológicos extremos.

En el ámbito topográfico, la documentación presentada se limita a planos en planta y perfil, sin incluir secciones transversales, delimitación de zonas inundables ni la representación detallada del curso de agua. Tampoco se incorporan puntos geodésicos certificados ni evidencia de campo sobre la monumentación de los benchmarks, lo que dificulta verificar la precisión del trazo y la correcta ubicación de la infraestructura respecto al cauce.

El informe también advierte debilidades en la estructuración del presupuesto. Las cotizaciones utilizadas para sustentar los costos carecen de fecha de emisión y provienen de un solo proveedor, sin respaldo de estudios de mercado. Esta deficiencia contraviene las directivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y genera incertidumbre sobre la razonabilidad del monto de inversión, fijado en S/ 22.4 millones para el saldo de obra.

Pese a estas observaciones, el proyecto continúa en proceso de adjudicación en búsqueda de una empresa privada que asuma el financiamiento y ejecución mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). El GRA proyectó iniciar obras en enero de 2026 y concretar la adjudicación en marzo del mismo año, plazos que no se cumplieron. La Contraloría concluye que, antes de aprobar las bases del proceso de selección, la entidad regional debe asegurar la disponibilidad legal del terreno, completar los estudios técnicos y sustentar adecuadamente el presupuesto de inversión. De lo contrario, la ejecución del proyecto resulta inviable.

El puente Añashuayco II debía aliviar la congestión y reducir los tiempos de desplazamiento entre Cerro Colorado y Yura. Sin embargo, su postergación prolonga la sobrecarga vehicular en la vía de los Cuatro Carriles, incrementa los costos de transporte y expone a 69 749 posibles usuarios a mayores riesgos en un cruce que carece de infraestructura definitiva.