Un grupo de decanos de colegios de abogados del país presentó una denuncia penal contra Delia Espinoza por el presunto delito de falsedad genérica, tras acusarla de haberse presentado públicamente como presidenta de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú sin ostentar dicho cargo.

La denuncia fue interpuesta por representantes de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, quienes calificaron la actuación de Espinoza como una “actuación dolosa” y una “evidente transgresión de los intereses gremiales”. El documento fue ingresado ante el Ministerio Público y detalla los hechos que motivaron la acción legal.

Según la acusación, el conflicto se remonta a disputas internas dentro del gremio que se arrastran desde el 2024, cuando surgieron cuestionamientos sobre la legitimidad de algunas representaciones. En ese contexto, se indica que el 19 de abril de 2026 se habría realizado una reunión en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima con la participación de un grupo reducido de decanos, la cual es calificada como una “seudoasamblea”.

De acuerdo con los denunciantes, en dicha reunión se habría promovido una representación paralela sin respaldo mayoritario ni reconocimiento institucional. En ese marco, se sostiene que Espinoza habría asumido indebidamente una condición que no le corresponde, lo que motivó la denuncia penal.

El documento también incluye a otros implicados, entre ellos Jorge Vásquez, quien habría participado en la convocatoria de la referida reunión. Los denunciantes sostienen que se trata de un grupo minoritario que no cuenta con legitimidad gremial ni reconocimiento por parte de instituciones públicas o privadas.

Asimismo, se recuerda que la Judecap es un organismo de derecho público interno que representa a los colegios de abogados del país y cuya estructura y funcionamiento están regulados por normas específicas. En esa línea, remarcan que cualquier atribución de cargos debe ceñirse estrictamente a los procedimientos establecidos.

El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar los elementos presentados y determinar si corresponde iniciar una investigación formal. Mientras tanto, la controversia evidencia las tensiones internas dentro del gremio legal y abre un nuevo capítulo en la disputa por la representación institucional de los abogados en el Perú.