El Instituto Peruano de Economía (IPE) encendió las alertas sobre la percepción que existe en el ámbito técnico respecto a las propuestas del partido Juntos por el Perú. De acuerdo con la cuarta edición de su informe “Los principales economistas opinan”, 9 de cada 10 especialistas consideran desfavorables o muy desfavorables las propuestas del candidato Roberto Sánchez en temas clave como sostenibilidad fiscal, inversión privada, empleo formal y seguridad ciudadana.

LAS CONSIDERAN DESFAVORABLES

El estudio, que recoge la opinión de 73 economistas consultados en abril de 2026, evidencia un amplio consenso técnico sobre los riesgos que implicarían estas propuestas. Los niveles de desaprobación alcanzan cifras contundentes: 93% en sostenibilidad fiscal, 92% en condiciones para la inversión privada, 92% en seguridad ciudadana y control de economías ilegales, y 89% en generación de empleo formal. En todos los casos, más de la mitad de los encuestados calificó las propuestas como “muy desfavorables”.

El diagnóstico del IPE apunta a que esta percepción negativa responde a un conjunto de planteamientos que generan incertidumbre sobre el futuro del modelo económico peruano. Entre ellos, destacan el cuestionamiento a la autonomía del Banco Central de Reserva, la intención de convocar a una asamblea constituyente, la ampliación de la actividad empresarial del Estado y la modificación de las condiciones para la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

Estos elementos, según los economistas, podrían afectar la confianza de los inversionistas y debilitar uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica del país. La preocupación no es menor si se considera que el Perú enfrenta un contexto de desaceleración económica y creciente presión social, donde la inversión privada juega un rol clave en la generación de empleo y dinamismo productivo.

El informe también compara estas percepciones con las propuestas de otros candidatos con alta intención de voto. En el caso de Keiko Fujimori, el nivel de preocupación es significativamente menor, aunque un 18% de los encuestados considera desfavorables sus planteamientos en materia de seguridad ciudadana y control de economías ilegales.

Más allá de las diferencias entre candidatos, el estudio pone en evidencia una preocupación transversal: la necesidad de mayor claridad y detalle en las propuestas de política pública. En esa línea, el 59% de los economistas considera que Sánchez debe precisar su posición sobre la autonomía del Banco Central, mientras que un 41% pide mayor definición respecto a la eventual convocatoria de una asamblea constituyente.

En el caso de Fujimori, los especialistas también demandan precisiones. El 68% y 59%, respectivamente, considera que deben detallar mejor sus estrategias frente a la inseguridad ciudadana y las economías ilegales, uno de los principales problemas que enfrenta el país. Asimismo, en el caso de Fujimori, un 56% pide mayor claridad en la lucha contra la corrupción.

Otro aspecto relevante del informe es la percepción sobre el uso de facultades legislativas en un eventual nuevo gobierno. En ese escenario, los economistas consideran que Fujimori (68%) debería priorizar medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir las economías ilegales. En segundo lugar, sugieren enfocarse en la simplificación administrativa y el destrabe de proyectos de inversión.

En contraste, en el caso de Sánchez, el 55% de los encuestados considera que no debería solicitar facultades legislativas en los primeros meses de gobierno, una señal clara de desconfianza respecto a su capacidad de gestión y al impacto de sus propuestas en el clima económico.

El informe también aborda los principales riesgos que enfrenta la economía peruana en el corto plazo. La incertidumbre electoral lidera la lista, mencionada por el 55% de los economistas, en un contexto donde el resultado de la primera vuelta aún no está definido. Esta incertidumbre ya ha tenido efectos concretos en el mercado cambiario: entre el 12 y el 27 de abril, el sol registró una depreciación de 3.5%, una de las más altas en periodos electorales recientes.

La inestabilidad política aparece como el segundo mayor riesgo (41%), alimentada por la posibilidad de nuevas crisis institucionales. A ello se suman factores como la inseguridad ciudadana (36%), el deterioro de las finanzas públicas (30%) y la conflictividad social (18%), esta última vinculada a protestas por el alza de costos y el descontento ciudadano.

En menor medida, los economistas mencionan la incertidumbre global (14%) y los riesgos climáticos (1%), que han perdido peso en comparación con meses anteriores.

En conjunto, los resultados del IPE reflejan un escenario de alta sensibilidad económica y política, donde las decisiones que se tomen en el corto plazo serán determinantes para el rumbo del país. La falta de consenso sobre las propuestas, especialmente en temas clave como inversión, empleo y estabilidad fiscal, evidencia la urgencia de un debate más técnico y menos ideologizado.

En un contexto de elecciones decisivas, la claridad, coherencia y viabilidad de las propuestas económicas no solo serán evaluadas en las urnas, sino también en los mercados y en la confianza de los ciudadanos. El desafío para los candidatos es, por tanto, construir propuestas que no solo respondan a demandas sociales legítimas, sino que también garanticen sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.