Oro ilegal y la sombra sobre Arequipa

El Perú enfrenta una contradicción cada vez más difícil de ocultar. Mientras el país aparece entre los principales exportadores de oro del mundo, las cifras oficiales muestran una realidad incompatible: se exporta mucho más oro del que formalmente se produce. La diferencia ya no puede explicarse únicamente por errores administrativos o desfases estadísticos. Lo que existe detrás es una estructura económica ilegal que se ha expandido sin control y que hoy amenaza no solo la economía nacional, sino también las instituciones del Estado.

Los números son contundentes. En 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportó una producción de 109 toneladas de oro. Sin embargo, las exportaciones alcanzaron las 209 toneladas. Es decir, hay un excedente de 100 toneladas cuyo origen no aparece en los registros oficiales. Traducido en dinero, ese volumen representa aproximadamente 15 mil millones de dólares moviéndose en circuitos donde el Estado prácticamente ha perdido capacidad de control.

En ese escenario, Arequipa ocupa un lugar preocupante. La región no solo concentra casi la mitad de la producción nacional de pequeña minería, sino que además aparece como uno de los principales centros de procesamiento y exportación de oro con evidentes inconsistencias. El distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, se ha convertido en un símbolo de esa paradoja nacional.

Allí operan plantas procesadoras que figuran oficialmente como pequeños productores, pero exportan cantidades de oro muy superiores a las que declaran ante las autoridades. Algunas empresas llegan a vender hasta diez veces más de lo registrado oficialmente. El problema no es menor. Esa diferencia revela que grandes cantidades de mineral ingresan al circuito formal sin trazabilidad clara y posiblemente provenientes de operaciones ilegales o informales.

La situación se agrava porque el Estado ha sido incapaz de enfrentar el problema con firmeza. Durante años, la minería ilegal avanzó aprovechando vacíos normativos, procesos de formalización fallidos y una débil capacidad de fiscalización. Hoy, las economías ilegales vinculadas al oro no solo generan contaminación ambiental y evasión tributaria. También financian redes criminales, penetran espacios políticos y debilitan la institucionalidad democrática.

El caso de Secocha es otro ejemplo cercano. Esa zona minera de Arequipa concentra operaciones artesanales e informales cuyos permisos incluso han sido suspendidos, pero cuyo mineral sigue encontrando rutas de procesamiento y exportación. El circuito funciona porque existen compradores, plantas de beneficio y cadenas comerciales dispuestas a absorber ese oro sin exigir controles rigurosos.

El auge internacional del precio del oro ha terminado alimentando aún más esta economía paralela. Con una cotización histórica cercana a los cinco mil dólares la onza, el negocio ilegal se vuelve extraordinariamente rentable. Mientras tanto, las autoridades continúan reaccionando de manera tardía y fragmentada.

Lo más grave es que el país parece haberse acostumbrado a convivir con esta contradicción. Exportar más oro del que se produce oficialmente debería ser un escándalo nacional permanente. Sin embargo, la dimensión del problema apenas logra ocupar algunos espacios de debate público.

RESALTAR

La minería ilegal ya no es una actividad marginal. Se ha convertido en una poderosa economía que mueve miles de millones de dólares y que encuentra en regiones como Arequipa un territorio estratégico para expandirse. Ignorar esa realidad solo profundizará una crisis que amenaza con desbordar definitivamente la capacidad del Estado peruano.