De acuerdo con el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Arequipa registra cuatro conflictos sociales y participa además en uno de alcance multirregional. Dos de ellos permanecen activos y tres se mantienen latentes, aunque todos continúan sin una solución definitiva. La problemática regional gira en torno a temas socioambientales y conflictos vinculados a la actividad minera en provincias.

El conflicto más prolongado se desarrolla en la provincia Islay y gira en torno al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú. Agricultores, pobladores y autoridades locales mantienen su rechazo a la ejecución del proyecto al considerar que podría afectar el recurso hídrico y perjudicar la actividad agrícola en el Valle de Tambo. La Defensoría recuerda que este caso fue reportado entre agosto de 2009 y abril de 2011, periodo en el que se alcanzó una solución temporal. Sin embargo, las protestas se reactivaron en 2014 y continúan vigentes hasta hoy. Durante el 2026 se registraron nuevas manifestaciones en el distrito de Cocachacra, lo que confirma que el conflicto permanece abierto pese al paso de los años.

El segundo caso involucra a las regiones de Arequipa y Moquegua. Pobladores y autoridades de la provincia General Sánchez Cerro exigen el cierre inmediato de la mina Tucari, operada por la empresa Aruntani, debido a la contaminación del río Coralaque y sus afluentes. La presencia de metales pesados también alcanza al río Tambo, en Islay, generando preocupación entre agricultores y pobladores de la zona. Este conflicto mantiene un componente ambiental sensible debido a la afectación de fuentes hídricas utilizadas para actividades agrícolas y consumo humano, situación que ha impedido reducir el descontento social.

En la provincia Caylloma también persiste un conflicto con el Gobierno central relacionado con el proyecto Majes-Siguas II. La población manifestó su rechazo a la transferencia del proyecto al Ejecutivo, medida adoptada en 2024. Aunque la disconformidad surgió desde mayo de 2017, la transferencia profundizó el malestar y mantiene el caso en estado latente.

Otro conflicto se ubica en la provincia de Caravelí y enfrenta a mineros informales con la empresa Intigol Mining, en el distrito de Atico. Los episodios de violencia comenzaron en 2022 y dejaron 14 mineros fallecidos. Si bien actualmente no se registran enfrentamientos de la misma magnitud, la Defensoría considera que el conflicto continúa sin resolverse.

Finalmente, el conflicto multirregional está vinculado a las protestas promovidas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú ante el incumplimiento en la reglamentación de la Ley 32537. Según los manifestantes, la falta de implementación de la norma mantiene al sector en una situación de inseguridad jurídica, lo que ha derivado en movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país.

El reporte concluye que los casos vinculados al Gobierno nacional no presentan avances recientes, un escenario que mantiene vigente el riesgo de reactivación de protestas y nuevos episodios de tensión social en la región.