La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso ampliar por ocho meses la investigación preliminar seguida contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, y otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.

El caso está relacionado con el proceso de contratación para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos utilizados durante los comicios nacionales.

Según la disposición fiscal, existirían indicios de un presunto direccionamiento en favor de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., que obtuvo la buena pro para prestar el servicio de transporte a nivel nacional.

La investigación señala que funcionarios y servidores de la ONPE habrían participado en diversas etapas del proceso de contratación, desde las actuaciones preparatorias hasta la ejecución del servicio, presuntamente vulnerando principios de legalidad, eficiencia y transparencia en las contrataciones públicas.

Uno de los aspectos observados por el Ministerio Público está vinculado a la capacidad operativa de la empresa adjudicada. De acuerdo con la Fiscalía, Gálaga S.A.C. habría presentado información de 70 conductores para acreditar experiencia y capacidad técnica; sin embargo, registros oficiales revelarían que la empresa contaba solo con 33 trabajadores entre personal en planilla y prestadores de servicios.

Para la Fiscalía, estas presuntas irregularidades no solo no fueron observadas, sino que habrían sido avaladas por funcionarios responsables del proceso, permitiendo la adjudicación del contrato.

Como parte de las diligencias, el despacho fiscal ordenó solicitar el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Corvetto y otros investigados, además de terceros vinculados al caso.

También se dispuso realizar pericias especializadas en contrataciones públicas y auditorías contables-financieras para determinar si existieron vulneraciones a la normativa y posibles perjuicios económicos contra el Estado.

La investigación incluye además la revisión de documentos obtenidos en sedes de la ONPE, informes de la Contraloría General de la República, contratos, registros de visitas y hojas de vida de funcionarios involucrados.

La disposición fiscal fue firmada por el fiscal provincial Reynaldo Ariano Abia Arrieta, quien tendrá a cargo las diligencias durante el nuevo plazo de investigación.

El caso se produce en medio del proceso electoral 2026 y vuelve a poner bajo cuestionamiento los procedimientos de contratación vinculados a la organización de las elecciones nacionales.