A poco más de dos meses de que un nuevo gobierno asuma el poder, el Perú llega a esta segunda vuelta electoral con una economía que aún muestra señales positivas, pero con un debate de fondo que merece plantearse de la manera más directa posible. No estamos ante la posibilidad de un cambio trivial del régimen económico ni se proponen matices de gestión pública. Lo que está en juego es la dirección misma de la conducción económica que ha definido al país en las últimas tres décadas.

El punto de partida tiene luces y sombras. El precio del cobre se mantiene sobre USD 4 la libra, la inversión privada muestra dinamismo (creció 13% el primer trimestre del año), el empleo formal se expande y la inflación convergerá al rango meta del BCRP, una vez superado el hipo transitorio por shocks de oferta. Por otro lado, el déficit fiscal estructural (el que no se maquilla por factores cíclicos ni por precios elevados del cobre) ronda el 3,5% del PBI, los pasivos contingentes equivalen al 9% del PBI, Petroperú sigue exigiendo salvatajes y la minería ilegal mueve hoy USD 15 000 millones, siete veces más que hace un lustro. A esto se suma un Congreso saliente que, con populismo legislativo, ha añadido un piso de gasto de 1,5% del PBI hacia 2027 solo con leyes ya aprobadas.

Aquí conviene señalar que ambas candidaturas presentan rasgos populistas. Ninguna está libre de la crítica de prometer más de lo que las cuentas públicas toleran y de lo que la capacidad de gestión permite. Las dos tienen corresponsabilidad en el perjuicio causado por el saliente Congreso. Esto quedó claro tras el debate de los equipos técnicos del último domingo. Sin embargo, la diferencia de fondo radica en si queremos darle continuidad al modelo económico o introducir cambios radicales en él. Es evidente que requeriremos un Estado en los tres niveles de gobierno que funcione y cumpla su papel en una economía social de mercado. El problema es que esto no se logra tirando por la borda el conjunto de reglas institucionales que ha generado riqueza y reducido la pobreza en los últimos 20 años.

Dicho lo anterior, los candados institucionales funcionan y contribuyen a contener las medidas disruptivas. La recién estrenada bicameralidad exige mayorías reforzadas para tratamientos tributarios especiales y leyes orgánicas; la autonomía del Banco Central de Reserva y el Tribunal Constitucional siguen siendo contrapesos reales; y la probable composición del Senado limitaría iniciativas como un llamado a una asamblea constituyente. Pero ningún candado es completo. El Ejecutivo retiene un margen de maniobra muy amplio que no pasa por el Congreso: nombramientos en Sunat, Indecopi, Sunafil, EsSalud y altos mandos militares y policiales; priorización del gasto público; fijación del salario mínimo; barreras paraarancelarias; manejo de la conflictividad social y de los programas sociales. Esa discrecionalidad puede deteriorar el clima de inversión sin necesidad de una sola ley aprobada.

Por todo eso, los escenarios económicos que enfrenta el país son radicalmente distintos según quién gane la presidencia. Arequipa, donde la cadena minera y agroexportadora sostiene buena parte del PBI regional, tiene mucho en juego. La diferencia entre un Perú que crecería en torno al 4,5% y uno que podría dejar de crecer no es una abstracción macroeconómica: es empleo formal, canon minero, presupuesto regional y oportunidades para la siguiente generación. Hacer una evaluación rigurosa de lo que implica esta segunda vuelta para el bienestar económico futuro del Perú es, hoy, una responsabilidad ciudadana ineludible.