El transporte interprovincial anunció una huelga indefinida desde el 2 de junio si el Gobierno no cumple los compromisos asumidos frente al alza del combustible. En Arequipa, unas 280 unidades dejarían de operar.

Más de 10 mil buses interprovinciales dejarían de circular a nivel nacional desde el 2 de junio si el Gobierno central no emite el decreto de urgencia comprometido con el sector transporte para atender la crisis generada por el alza del combustible. En Arequipa, la paralización alcanzaría a unas 280 unidades que cubren rutas hacia provincias y otras regiones del sur.

La advertencia fue realizada por Mario Lobón, secretario regional del Consejo Nacional del Transporte Terrestre en Arequipa, quien ratificó que la medida será indefinida si el Ejecutivo no cumple los acuerdos suscritos en abril. Según el dirigente, hasta el momento no recibieron una respuesta formal ni una convocatoria concreta de diálogo.

El impacto de la huelga no solo alcanzaría al transporte de pasajeros. Lobón indicó que también se sumarían alrededor de 380 mil camiones de transporte de mercancías, lo que podría afectar la movilidad de personas, el traslado de productos y el abastecimiento en distintas regiones del país.

El gremio sostiene que el principal problema es el incremento del diésel, cuyo precio —según el dirigente— pasó de cerca de S/ 13 por galón en marzo a más de S/ 21 en las últimas semanas. Este aumento habría reducido drásticamente la rentabilidad del servicio, debido a que el combustible representa uno de los costos más altos para las empresas de transporte.

Lobón afirmó que las empresas no pueden trasladar todo el incremento del combustible al precio de los pasajes porque la economía de los usuarios también está golpeada. Por ello, dijo que los transportistas vienen asumiendo pérdidas y que la situación financiera del sector llegó a un punto crítico.

En Arequipa, la paralización de 280 buses interprovinciales podría afectar directamente a pasajeros que viajan hacia provincias, regiones vecinas y corredores de alto flujo comercial. La medida también generaría presión sobre terminales terrestres, operadores turísticos, comerciantes y familias que dependen del transporte regular.

El conflicto deja al Gobierno ante una decisión urgente: cumplir el compromiso asumido con los transportistas o enfrentar una paralización con impacto nacional. Para Arequipa, el riesgo inmediato está en la suspensión de rutas, el encarecimiento de servicios y la posible afectación del abastecimiento si la huelga se prolonga sin una salida técnica y política.