Arroceros rechazan diálogo y anuncian más protestas
Productores de Arequipa y otras regiones sostienen que el Gobierno no atiende el fondo de la crisis arrocera. Exigen declarar en emergencia el sector, frenar importaciones y ejecutar compras estatales directas.
Los productores arroceros de Arequipa mantendrán sus medidas de protesta y evalúan radicalizar las movilizaciones en los próximos días, luego de rechazar la convocatoria del Gobierno a una reunión con gobernadores regionales y representantes agrarios. La presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, Martha Ruelas Condori, sostuvo que los agricultores no participarán porque consideran que el Ejecutivo sigue sin atender los reclamos centrales del sector.
La dirigente afirmó que el malestar no responde a una demanda reciente, sino a una crisis advertida desde hace un año. Según Ruelas, los productores han sostenido hasta 27 reuniones y mesas técnicas sin resultados concretos, pese a que desde hace seis meses solicitan la declaratoria de emergencia del sector arrocero ante la caída de precios, la falta de compradores y la presión de las importaciones.
El Gobierno convocó a una reunión con autoridades regionales y delegados agrarios, con el objetivo de coordinar acciones frente al paro y recuperar la estabilidad en las regiones afectadas. Sin embargo, Ruelas cuestionó que la invitación no incluyera directamente a los representantes de Conarroz Perú, organización que —según dijo— agrupa a quienes sostienen la protesta en los valles productores.
En el caso de Arequipa, la dirigente advirtió que la región no fue considerada dentro de la convocatoria principal, pese al peso productivo de zonas como Majes, Camaná, Ocoña y el Valle de Tambo. También criticó la falta de mayor involucramiento del Gobierno Regional de Arequipa en la defensa de los agricultores, al señalar que la crisis requiere respaldo político y no solo reuniones técnicas.
Los arroceros exigen tres medidas inmediatas: el cierre temporal de importaciones de arroz, compras estatales directas y la declaratoria de emergencia del sector. Para los productores, el problema no se limita a una sobreoferta interna, sino a una competencia desigual con países como Uruguay y Brasil, donde —según el gremio— existen subsidios, mayores reservas y condiciones distintas de producción.
Ruelas sostuvo que el saco de arroz se vende actualmente alrededor de S/ 115, cuando los agricultores requieren al menos S/ 140 para cubrir costos de producción. Bajo ese cálculo, cada saco representaría una pérdida cercana a S/ 25 para el productor, mientras que el arroz importado y comercializado por intermediarios llega a precios mucho más altos en los mercados, sin beneficiar a quienes producen localmente.
El Ejecutivo ha informado que mantiene abiertos los canales de diálogo y que trabaja en acciones multisectoriales para atender la problemática arrocera. Entre sus medidas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reportó la colocación de arroz nacional en el mercado estatal y regional; sin embargo, los gremios consideran que esos anuncios son insuficientes frente al volumen de producción acumulada y la magnitud de la crisis.
Tras una reunión virtual con representantes arroceros de 11 regiones, los dirigentes acordaron no levantar la huelga indefinida. En Arequipa, la tregua inicial otorgada por algunos productores quedó debilitada luego de que no se concretaran acuerdos que respondan a sus demandas, por lo que ahora se evalúa reorganizar la protesta con mayor presencia de los valles del sur.
Una de las medidas en evaluación es concentrar a los productores en el puente de Ocoña, punto estratégico de conexión vial en la región. Según Ruelas, agricultores de Majes, Camaná y el Valle de Tambo podrían sumarse a una nueva jornada de movilización, con el objetivo de presionar al Ejecutivo y visibilizar que la crisis no afecta solo a una zona productora, sino a toda la cadena arrocera del sur.
El conflicto arrocero entra así en una etapa más crítica: el Gobierno insiste en el diálogo y los productores exigen decisiones políticas inmediatas. Mientras no se resuelva la comercialización del arroz nacional, el paro seguirá expresando una tensión mayor entre el campo y el Estado: producir ya no basta si el mercado no garantiza precios justos ni condiciones mínimas para sostener la agricultura peruana.
