Por: Carlos Meneses

El Ejecutivo todavía está a tiempo de evitar una paralización nacional. Pero para ello no bastan anuncios ni promesas verbales. Se requiere una respuesta técnica, inmediata y transparente. Cuando un gobierno incumple sus propios compromisos, no solo pierde credibilidad frente a los gremios; también profundiza la desconfianza de toda una ciudadanía que percibe un Estado lento, distante y cada vez menos capaz de resolver los problemas reales del país.

El anuncio de una huelga indefinida del transporte interprovincial desde el próximo 2 de junio vuelve a poner en evidencia uno de los problemas más recurrentes del Estado peruano: la incapacidad del Gobierno para anticiparse a los conflictos y cumplir los compromisos que asume. Otra vez, el país llega al borde de una paralización nacional no por falta de advertencias, sino por la ausencia de respuestas concretas.

Los transportistas aseguran que el Ejecutivo se comprometió en abril a emitir un decreto de urgencia para aliviar el impacto del alza del combustible. Sin embargo, a pocos días del inicio de la medida de fuerza, no existe norma aprobada, cronograma claro ni una mesa de diálogo efectiva. El silencio oficial ha terminado alimentando el malestar de un sector que sostiene buena parte de la economía nacional.

El problema no es menor. Más de 10 mil buses interprovinciales y cerca de 380 mil camiones podrían dejar de operar en todo el país. En Arequipa, unas 280 unidades suspenderían rutas hacia provincias y regiones vecinas, afectando directamente a miles de pasajeros, comerciantes y familias que dependen diariamente del transporte terrestre.

El incremento del diésel ha golpeado con fuerza al sector. Pasar de pagar alrededor de S/ 13 por galón a más de S/ 21 en pocos meses ha reducido drásticamente la rentabilidad de las empresas. Pero el problema se agrava porque los transportistas tampoco pueden trasladar todo ese costo al usuario final. La población atraviesa una economía debilitada y un aumento excesivo de pasajes terminaría perjudicando aún más a quienes necesitan movilizarse para trabajar, estudiar o atender emergencias.

Lo preocupante es que el Gobierno parece reaccionar únicamente cuando la protesta ya es inevitable. Esa práctica desgastada de esperar bloqueos, amenazas de paralización o crisis de abastecimiento para recién abrir canales de diálogo demuestra una preocupante falta de gestión política. Gobernar no consiste solo en apagar incendios, sino en prevenirlos.

Arequipa conoce bien las consecuencias de la indiferencia estatal. Cada conflicto sin resolver termina afectando la actividad económica, el turismo, el comercio y la estabilidad social. Una huelga prolongada podría generar desabastecimiento, encarecimiento de productos y mayor tensión en una región donde la ciudadanía ya muestra cansancio frente a la improvisación del poder central.