Por: Carlos Meneses

La ciudadanía espera magistrados capaces de anteponer el interés institucional a las disputas personales. El TC no puede seguir atrapado en enfrentamientos internos que erosionan su legitimidad y debilitan la confianza en el sistema democrático. La institucionalidad no solo se defiende con sentencias; también se preserva con conducta, equilibrio y respeto mutuo.

El Tribunal Constitucional atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Lo que debería ser un espacio de equilibrio jurídico, serenidad institucional y defensa de la Constitución se ha convertido en escenario de enfrentamientos públicos, acusaciones entre magistrados y cuestionamientos sobre decisiones administrativas que deterioran aún más la confianza ciudadana en las instituciones del país.

Las recientes declaraciones del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse contra su colega Manuel Monteagudo no solo evidencian profundas fracturas internas, sino que revelan un problema mayor: la incapacidad del máximo intérprete de la Constitución para resolver sus discrepancias dentro de los cauces institucionales y con la prudencia que exige su investidura.

Resulta preocupante que magistrados del más alto tribunal del país trasladen sus diferencias a los medios de comunicación mediante acusaciones directas, cuestionamientos personales y advertencias sobre posibles causales de vacancia. Cuando quienes deben garantizar el respeto al orden constitucional protagonizan disputas públicas, el daño no queda únicamente dentro del TC. El impacto alcanza a todo el sistema democrático.

Las críticas de Gutiérrez Ticse sobre presuntas irregularidades en el trabajo remoto de un magistrado y su equipo de asesores, así como las denuncias sobre diferencias laborales internas, exponen además una preocupante falta de control administrativo y transparencia. Si existen posibles incumplimientos o decisiones contrarias al reglamento, corresponde investigarlos con objetividad y mediante los mecanismos institucionales correspondientes, no convertirlos en un espectáculo mediático que profundiza el descrédito de la institución.

La renuncia de Luz Pacheco a la presidencia del Tribunal Constitucional terminó agravando un escenario ya complejo. Lo que debió resolverse de manera técnica y reservada ha derivado en un conflicto abierto entre magistrados que ahora discuten públicamente sobre competencias administrativas, nulidades y responsabilidades internas. Mientras tanto, el país observa con desconcierto cómo el organismo encargado de velar por la constitucionalidad parece incapaz de preservar su propia estabilidad institucional.

La crisis es especialmente grave porque el TC ocupa un rol clave en la democracia peruana. Sus resoluciones tienen impacto directo sobre el equilibrio de poderes, los derechos fundamentales y la estabilidad jurídica del país. Por ello, sus integrantes están obligados a actuar con responsabilidad, prudencia y altura política.

El Perú atraviesa una etapa marcada por la polarización, la inseguridad y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. En ese contexto, el Tribunal Constitucional debería representar un espacio de fortaleza democrática y no un nuevo foco de confrontación.