Congreso aprueba informe que cuestiona

colaboración eficaz con Odebrecht

El Pleno del Congreso de la República aprobó con 83 votos a favor el informe final elaborado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de evaluar el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht, reabriendo el debate sobre uno de los procesos más controvertidos vinculados a la lucha contra la corrupción en el país.

Según las conclusiones del documento, el convenio habría otorgado beneficios que favorecieron a la empresa investigada y limitado la capacidad del Estado para recuperar recursos y profundizar las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción.

La comisión parlamentaria cuestionó diversos aspectos del acuerdo, entre ellos la inclusión de solo cuatro proyectos de infraestructura, pese a que la Contraloría General de la República había detectado observaciones en un número mayor de obras ejecutadas por la compañía.

Asimismo, el informe sostiene que Odebrecht no habría entregado de manera completa herramientas informáticas consideradas relevantes para rastrear pagos ilícitos y otras operaciones presuntamente vinculadas a casos de corrupción.

Otro de los cuestionamientos se refiere a los beneficios concedidos a exdirectivos de la empresa, los cuales, según los integrantes de la comisión, habrían sido otorgados sin que se cumplieran plenamente todos los requisitos establecidos por la legislación vigente.

El documento también analiza el monto de la reparación civil acordada entre el Estado y la constructora. De acuerdo con la investigación parlamentaria, la suma establecida sería menor a la que correspondía exigir considerando la magnitud de los proyectos involucrados.

Además, se cuestiona el esquema de pago fraccionado autorizado para el cumplimiento de dicha obligación económica.

Entre las recomendaciones aprobadas figura la evaluación de presuntas responsabilidades de diversos funcionarios y actores relacionados con el acuerdo. En la lista aparecen los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, la jueza María de los Ángeles Álvarez, los exprocuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, así como el periodista Gustavo Gorriti.

El Congreso precisó que corresponderá a las instancias competentes determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Finalmente, el Parlamento exhortó a las autoridades del sistema de justicia y organismos de control a revisar las conclusiones del informe y adoptar las medidas que consideren pertinentes para garantizar que futuros acuerdos de colaboración eficaz preserven los intereses del Estado, aseguren transparencia y permitan una adecuada reparación frente a los actos de corrupción.