Después de las urnas: la inversión pendiente de Arequipa
Por Naomi Rodriguez
Economista del Consejo
Privado de Competitividad

La atención de los agentes económicos comienza a desplazarse desde la incertidumbre electoral hacia las acciones que emprenderá el nuevo gobierno. Si bien el resultado electoral puede influir temporalmente en variables como el tipo de cambio, la confianza empresarial o las decisiones de inversión, el crecimiento económico dependerá principalmente de la capacidad del próximo gobierno para ejecutar proyectos estratégicos que impulsen la inversión, el empleo y la productividad.

En el caso de Arequipa, ello implica avanzar en una agenda largamente postergada de proyectos estratégicos. La minería continúa siendo uno de los principales motores de la economía regional y una fuente relevante de empleo, inversión y recaudación. En 2025, la región registró más de 40 600 empleos mineros directos, la mayor cifra a nivel nacional. Asimismo, según el Ministerio de Energía y Minas, Arequipa concentra seis proyectos mineros en cartera por más de US$ 8 000 millones, equivalentes a cerca del 13% de la cartera nacional de inversiones mineras. La región también se mantiene entre las principales productoras de cobre y oro del país.

Además de esos proyectos futuros, existe una agenda pendiente de inversiones detenidas. Según la Contraloría General de la República, a marzo de 2026, la región registra 126 obras públicas paralizadas, con una inversión comprometida superior a S/ 8 383 millones y un saldo pendiente de ejecución que supera los S/ 5 605 millones. Con ello, la región concentra el tercer mayor monto de inversión paralizada del país y el segundo mayor número de obras detenidas. Se trata de recursos inmovilizados que podrían contribuir significativamente al crecimiento regional, la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad.

Entre estos proyectos pendientes, Majes-Siguas II sobresale por su magnitud y por el impacto que podría tener sobre la estructura productiva de la región. Después de años de retrasos, controversias contractuales y modificaciones en su diseño técnico, su reactivación se perfila como una de las principales pruebas para evaluar la capacidad del próximo gobierno de ejecutar proyectos estratégicos y traducir sus compromisos en resultados concretos.

La magnitud de sus potenciales beneficios explica la importancia que genera. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), su ejecución permitiría incorporar aproximadamente 38 500 hectáreas de nuevas tierras agrícolas bajo riego, incrementando en alrededor de 26% la frontera agrícola regional. Asimismo, representaría una expansión cercana al 15% de la frontera agrícola moderna del país. El BCRP estima que la producción agrícola asociada al proyecto podría superar los US$ 1 020 millones anuales.

Los impactos irían más allá de la actividad agrícola. El BCRP proyecta inversiones complementarias cercanas a los US$ 2 000 millones en actividades agroindustriales, logísticas y de servicios, además de la generación de aproximadamente 144 mil empleos directos e indirectos. En una región donde el sector agropecuario retrocedió 8,6% durante el primer trimestre de 2026, la puesta en marcha de Majes-Siguas II podría convertirse en un factor decisivo para fortalecer la productividad y diversificar la estructura económica regional.

Para Arequipa, el desafío consiste en aprovechar plenamente sus principales motores de crecimiento. El avance de la cartera minera regional y la reactivación de Majes Siguas II podrían convertirse en importantes motores de inversión, empleo y crecimiento durante la próxima década. En ese contexto, destrabar estos proyectos no solo impulsaría la economía arequipeña, sino que constituiría una de las primeras pruebas de la capacidad del próximo gobierno para pasar de los anuncios a la ejecución y de las promesas a los resultados.

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