Por: Carlos Meneses

Petroperú no necesita más rescates temporales ni ajustes parciales. Necesita una redefinición integral, incluso incómoda, de su existencia. Seguir postergando esa decisión solo significa una cosa: más deuda, más presión fiscal y menos recursos para las verdaderas urgencias del país.

La propuesta del Instituto Peruano de Economía (IPE) para establecer una hoja de ruta de reorganización de Petroperú vuelve a poner sobre la mesa un problema que el Estado peruano arrastra desde hace años: una empresa pública que ha dejado de ser un instrumento de política energética para convertirse en una pesada carga fiscal. Más de S/ 32 mil millones en apoyos estatales en los últimos 14 años no son solo una cifra alarmante, sino la evidencia de un modelo agotado.

El diagnóstico compartido por especialistas en el seminario “Petroperú después de las elecciones: Hoja de ruta para no retroceder” es claro: la empresa no enfrenta una crisis coyuntural, sino estructural. Sin embargo, lo preocupante no es solo el deterioro financiero, sino la persistencia de una lógica política que ha preferido el salvataje recurrente antes que una reforma de fondo.

La construcción de la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo se disparó muy por encima de lo proyectado, se ha convertido en el símbolo de esa falta de planificación. Lejos de consolidar la sostenibilidad de Petroperú, el proyecto incrementó su endeudamiento y reforzó su dependencia del Tesoro Público. El resultado es un círculo vicioso: pérdidas operativas, rescates financieros y ausencia de cambios estructurales.

A ello se suma un problema igual o más grave: la inestabilidad en la gestión. Entre 2021 y 2026, la alta dirección de la empresa ha tenido una rotación constante, con periodos de permanencia que en algunos casos no superan los tres meses. Ninguna empresa puede sostener una estrategia seria bajo esas condiciones, y menos aún una compañía que maneja activos estratégicos para la seguridad energética del país.

El costo de esta situación no es abstracto. Como advierte el IPE, los más de S/ 32 mil millones destinados a sostener Petroperú podrían haber financiado hospitales, escuelas o infraestructura básica. Es decir, la discusión ya no es solo económica, sino social y ética: ¿qué se deja de hacer para mantener una empresa que no logra sostenerse por sí misma?

En este contexto, la hoja de ruta propuesta —que incluye fortalecer la gobernanza, reorganizar activos, estabilizar la operación y promover inversión en hidrocarburos— es un punto de partida necesario, pero insuficiente si no se enfrenta la pregunta de fondo: cuál debe ser el rol real de Petroperú en un mercado donde el sector privado ya garantiza el abastecimiento.

Persistir en un esquema donde la empresa compite en condiciones desiguales, mientras depende del Estado para sobrevivir, solo prolonga el problema. Incluso el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, aunque abre una ventana de reforma, corre el riesgo de convertirse en otro intento incompleto si no se traduce en cambios legales y de gobernanza más profundos.

El país también debe asumir una discusión más amplia sobre su política energética. La seguridad no depende únicamente de una empresa estatal, sino de infraestructura eficiente, reglas claras y estabilidad regulatoria. Sin ello, cualquier reforma será solo cosmética.