PJ rechaza pedido de María Cordero

para anular proceso por recorte de sueldo

El Poder Judicial declaró improcedente el pedido presentado por la suspendida excongresista María Cordero para anular el proceso penal que afronta por el presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho congresal durante el 2022.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien rechazó la solicitud de nulidad formulada por la defensa de la exparlamentaria, investigada por los presuntos delitos de concusión y otros en agravio del Estado.

La defensa de Cordero argumentó que, durante el trámite de la acusación constitucional en el Congreso, se incorporaron hechos y elementos provenientes de otra denuncia constitucional que, según sostuvo, no formaban parte del expediente original. A su juicio, ello vulneró su derecho de defensa y el debido proceso.

En ese contexto, solicitó que se dejara sin efecto el informe final emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente y la resolución legislativa aprobada por el Pleno del Congreso. Además, pidió que el procedimiento regresara a la etapa parlamentaria para elaborar un nuevo informe respetando las garantías constitucionales.

Sin embargo, el magistrado determinó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no tiene competencia para revisar o anular actuaciones realizadas por el Poder Legislativo.

En su resolución, Checkley precisó que los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los acuerdos de la Comisión Permanente y las resoluciones del Pleno del Congreso forman parte de las competencias exclusivas del Parlamento, por lo que no pueden ser objeto de control por parte del órgano jurisdiccional que dirige el proceso penal.

El 14 de marzo de 2024, el Pleno del Congreso aprobó suspender a María Cordero de su cargo de congresista y levantar su inmunidad parlamentaria para que pudiera ser procesada por este caso.

Con esta decisión, el proceso penal contra la exlegisladora continuará su curso en el Poder Judicial, mientras se investigan las acusaciones relacionadas con el presunto recorte de remuneraciones a un trabajador de su despacho parlamentario.