Por: Carlos Meneses

El país necesita un Congreso que vuelva a ser parte de la solución y no del problema. La historia le ofrece una nueva oportunidad. Dependerá de sus integrantes demostrar que esta vez será diferente.

Con apenas 9% de aprobación ciudadana, el Congreso unicameral que concluye funciones se despide como el Parlamento con menor respaldo popular de la última década. Más que una cifra, este resultado constituye un severo juicio de la ciudadanía sobre cinco años de confrontación política, decisiones cuestionadas y una preocupante incapacidad para conectar con las verdaderas demandas del país.

Las cifras de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no sorprenden. Son el reflejo de un deterioro que comenzó poco después de la instalación del Legislativo en julio de 2021 y que nunca pudo revertirse. Lo más preocupante es que el Parlamento convivió casi todo su mandato con niveles de aprobación de un solo dígito, alcanzando incluso un mínimo histórico de apenas 2% en marzo de 2025, un registro sin precedentes en las mediciones de opinión pública.

No se trata de un problema de percepción, sino de desempeño. El Congreso fue incapaz de construir consensos, priorizar reformas estructurales y recuperar el prestigio de una institución fundamental para la democracia. En lugar de ello, la agenda parlamentaria estuvo dominada por enfrentamientos políticos, intereses particulares, cambios constantes de bancadas, proyectos alejados de las necesidades ciudadanas y frecuentes cuestionamientos éticos contra varios de sus integrantes.

El resultado fue una creciente distancia entre representantes y representados. Mientras el país enfrentaba problemas urgentes como la inseguridad ciudadana, la crisis económica, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de confianza en las instituciones, el Congreso aparecía concentrado en disputas de poder y debates que poco contribuían a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

La democracia necesita un Parlamento fuerte, pero también legítimo. Esa legitimidad no se obtiene mediante normas que amplían atribuciones ni con discursos grandilocuentes. Se construye con transparencia, capacidad de diálogo, producción legislativa de calidad y una fiscalización responsable del Poder Ejecutivo.

La instalación del nuevo Congreso bicameral representa, por ello, una oportunidad que no debería desperdiciarse. El retorno de las cámaras de Diputados y Senadores no garantiza por sí mismo una mejor política. La bicameralidad será útil únicamente si viene acompañada de una renovación de las prácticas parlamentarias, una mayor calidad en el debate y una conducta ética acorde con la responsabilidad que implica representar a millones de ciudadanos.

Los nuevos legisladores recibirán una institución profundamente debilitada en términos de credibilidad. Recuperar esa confianza demandará mucho más que promesas. Será necesario demostrar, con hechos, que el Congreso puede convertirse nuevamente en un espacio de deliberación seria, producción normativa eficiente y control político equilibrado.

El mensaje de las encuestas es contundente. La ciudadanía ha expresado reiteradamente su desencanto con un Congreso que desaprovechó la oportunidad de fortalecer la institucionalidad democrática. Corresponde ahora al Parlamento bicameral aprender de esos errores, dejar atrás el protagonismo estéril y asumir que su principal desafío no será solo legislar, sino reconstruir la confianza perdida.