Actualmente existe una realidad cotidiana: el miedo. Miedo a salir de casa, a responder una llamada desconocida, a abrir un negocio o a esperar a un hijo que tarda en regresar. Frente a esa angustia legítima, la política ofrece respuestas inmediatas: más cárceles, más policías, más militares y penas más duras. Sin embargo, conviene recordar una verdad incómoda: las cárceles pueden encerrar personas, pero no encarcelan la desigualdad, la corrupción ni el fracaso histórico del Estado.

En las últimas semanas, Keiko Fujimori ha propuesto «recuperar el orden» mediante la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control penitenciario y operaciones conjuntas para combatir la inseguridad. No se trata de una idea aislada. En América Latina, el endurecimiento de las políticas de seguridad se ha convertido en una respuesta recurrente frente al avance del crimen organizado y la desesperación ciudadana.

Nadie puede negar la gravedad de la delincuencia ni el sufrimiento de miles de familias. Los comerciantes pagan cupos, los transportistas trabajan bajo amenaza y los barrios han aprendido a convivir con la incertidumbre. El ciudadano exige protección y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Pero el problema aparece cuando el debate termina reducido a una pregunta demasiado simple: cuántas cárceles construir y cuántos soldados desplegar.

Las cárceles son necesarias; toda sociedad debe sancionar a quienes transgreden la ley. Lo que resulta discutible es creer que ellas, por sí solas, resolverán un problema que comenzó mucho antes de que aparecieran las bandas criminales. Porque las cárceles pueden encerrar delincuentes, pero no encarcelan la precariedad educativa, la informalidad económica ni la corrupción enquistada en las instituciones públicas.

José Carlos Mariátegui escribió que los grandes problemas del Perú no podían resolverse copiando fórmulas extranjeras ni aplicando remedios superficiales. Cien años después, su advertencia conserva una vigencia sorprendente. El crimen no surge en el vacío. Crece allí donde el Estado ha sido incapaz de ofrecer educación de calidad, empleo digno, servicios básicos y una justicia eficiente. Crece donde la corrupción ha erosionado la confianza ciudadana y donde demasiadas personas sienten que el futuro les ha sido negado.

Por supuesto, reconocer estas causas no significa justificar el delito. La pobreza no convierte automáticamente a nadie en criminal, ni toda desigualdad conduce a la violencia. La responsabilidad individual existe y debe ser asumida. Pero tampoco podemos ignorar que las decisiones personales se toman dentro de condiciones sociales concretas.

Michel Foucault observó que las sociedades modernas han perfeccionado los mecanismos de vigilancia y castigo, mientras las estructuras que producen exclusión permanecen casi intactas. Construimos más penales, endurecemos las leyes y reforzamos la seguridad, pero seguimos postergando las reformas profundas. Inaugurar una cárcel produce más titulares que mejorar una escuela; desplegar soldados genera más impacto que fortalecer la administración pública.

El Perú necesita policías honestos, jueces independientes y sanciones firmes. Pero necesita, sobre todo, recuperar aquello que durante décadas ha descuidado: la educación, las oportunidades y la confianza en sus instituciones. De lo contrario, corremos el riesgo de administrar indefinidamente las consecuencias mientras las causas continúan creciendo.

Porque, al final, las cárceles pueden encerrar personas, pero no encarcelan la desigualdad, la corrupción ni el fracaso histórico del Estado. Y mientras no entendamos que ese es el verdadero centro del problema, seguiremos levantando muros alrededor de heridas que nunca terminamos de curar.