El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas por el Congreso anterior, debido al impacto que tendrían sobre las finanzas públicas. El titular del sector, Elmer Cuba, señaló que estas normas podrían incrementar significativamente el gasto del Estado y anunció que serán llevadas al Tribunal Constitucional (TC).

Entre las disposiciones cuestionadas se encuentra la Ley 32581, que establece una pensión de hasta S/3 500.70 para maestros cesantes y jubilados. La norma aún no cuenta con reglamento y, según el MEF, representa uno de los mayores costos para el presupuesto público.

También figura la Ley 32563, que reconoce gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores contratados bajo el régimen CAS. A diferencia de las otras normas, esta disposición ya se encuentra vigente.

La tercera norma es la Ley 32424, referida a la homologación del incentivo único CAFAE para trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276. Su reglamento permanece pendiente y el plazo establecido para su aprobación ya habría vencido.

La cuarta disposición cuestionada es la Ley 32561, que establece beneficios pensionarios para militares y policías.

Cuba explicó que estas cuatro normas fueron seleccionadas entre diversas leyes debido a que son las que, a criterio del MEF, tendrían mayor impacto sobre las cuentas fiscales. El ministro sostuvo que se trata de disposiciones que podrían “mover la aguja” de la caja fiscal y generar obligaciones permanentes para el Estado.

El titular del MEF también cuestionó que el Congreso haya aprobado normas con impacto presupuestal sin contar con una evaluación suficiente de su sostenibilidad financiera. Recordó que, en sistemas como el peruano, corresponde al Ejecutivo conducir la política fiscal y administrar el presupuesto nacional.

Las cuatro leyes fueron aprobadas durante el periodo parlamentario 2021-2026. Dos de ellas permanecen sin reglamentación, situación que ha impedido su aplicación plena.

La decisión del MEF abre ahora una nueva controversia entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al costo de las iniciativas legislativas y el equilibrio de las cuentas públicas. Las demandas deberán ser evaluadas por el Tribunal Constitucional, instancia que determinará si las normas cuestionadas se ajustan o no al marco constitucional.

Mientras tanto, los sectores beneficiarios de estas leyes permanecen atentos a las acciones que adopte el Gobierno y al eventual pronunciamiento del máximo órgano constitucional.