Una educación que no se evalúa termina creyendo que enseña bien porque simplemente enseña; una educación que se evalúa puede detenerse y descubrir qué necesita cambiar. Esta premisa cobra una urgencia dramática cuando se decide prescindir de herramientas de medición y diagnósticos internacionales o nacionales. Un claro ejemplo de esto es la reciente suspensión oficial a través de la Resolución Ministerial N.° 550-2026-MINEDU, mediante la cual el MINEDU dejó sin efecto la aplicación de la ENLA 2026, una prueba censal destinada a medir las competencias de estudiantes de 4.° y 6.° de primaria, así como de 2.° de secundaria. Aunque la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes recomendó esta postergación priorizando recursos financieros ante la emergencia por las intensas lluvias de El Niño, suspender estos diagnósticos bajo pretextos coyunturales no resuelve las deficiencias del sistema: apenas las esconde bajo la alfombra de la comodidad institucional y equivale a gobernar a ciegas.

Existe una diferencia abismal entre calificar para segregar y evaluar para comprender. Las pruebas estandarizadas no buscan medir la acumulación memorística, sino averiguar si los jóvenes pueden utilizar sus conocimientos para resolver problemas reales. Cuando el Perú participó en evaluaciones como la ECE o PISA —donde se registraron mejoras progresivas entre 2012 y 2018—, las autoridades jamás proclamaron la victoria; los datos se asumieron como un espejo sobrio.

Sin embargo, los espejos solo muestran lo que somos, no lo que quisiéramos ser. Es una lástima que cifras recientes confirmen retrocesos: en lectura pasamos de 398 puntos en 2015 a 390 en 2025; en matemática, de 387 a 382. Solo en ciencia mejoramos, de 397 a 406 puntos, aunque sin alcanzar el promedio de la OCDE. Hoy sabemos que apenas cuatro de cada diez estudiantes de 15 años alcanzan el nivel básico esperado.

Resulta fácil buscar culpables en la infraestructura, ya que muchos colegios carecen de agua, desagüe o infraestructura adecuada. Todo eso importa enormemente, pues un estudiante necesita condiciones dignas. No obstante, si nuestra respuesta se limita a construir locales o entregar equipos, atenderemos una parte del problema dejando intacto lo que ocurre dentro del aula.

La realidad es compleja: intervienen la familia, las condiciones sociales, la formación docente y la gestión. Por eso necesitamos datos. Sin pruebas tenemos un apagón estadístico y discutimos desde impresiones. Evaluar no ofrece todas las respuestas, pero ayuda a formular mejores preguntas y obliga al docente a cuestionarse honestamente si enseñamos a pensar críticamente o a repetir contenidos vacíos. Desde luego, una prueba no mide la creatividad, la curiosidad o las emociones, pero que no lo mida todo no significa que no nos muestre algo vital. Evaluar debe ser un punto de partida, no una condena.

Mirarse en el espejo nunca es cómodo, pero renunciar a los diagnósticos rigurosos deja a las políticas educativas reducidas a discursos incapaces de focalizar recursos para quienes más lo necesitan. La pregunta ya no es solo cuánto obtuvo el Perú, sino qué hacemos después de conocer el resultado. Construir una educación sólida exige una responsabilidad multilateral y compartida: Estado, docentes, familias, academia y sociedad civil deben asumir un rol activo. Los datos no tienen partido político. Solo articulando este esfuerzo colectivo —evaluando es comprender, comprendiendo es decidir y decidiendo es mejorar— podremos cambiar la escuela que tenemos por la que realmente necesitamos.