Por Carlos Meneses

La reducción frente a 2025 debe ser verificada, pero el verdadero objetivo no puede ser simplemente bajar el número de denuncias. Debe ser reducir las extorsiones reales, desarticular las organizaciones responsables, proteger a las víctimas y garantizar que denunciar no signifique ponerse en mayor peligro.

Arequipa cerró los primeros ocho meses del año con 317 denuncias por extorsión. Aunque la cifra es menor en 18 casos respecto del mismo periodo de 2025, cuando se registraron 335, la reducción no puede convertirse en motivo de tranquilidad. Detrás de cada denuncia existe una persona, una familia o un negocio que ha recibido amenazas, exigencias económicas o presiones para entregar dinero.

La extorsión tiene una característica particularmente peligrosa: busca instalar el miedo como una forma de control. Cuando una víctima recibe llamadas, mensajes o advertencias y decide no denunciar por temor a represalias, las estadísticas dejan de mostrar la verdadera dimensión del problema. Por ello, una disminución en las denuncias no necesariamente significa una reducción proporcional del delito.

La Policía ha identificado investigaciones relacionadas con grupos denominados “Los Negritos”, “Los Orientales” y “Los Alemanes”. Incluso se indaga si algunos hechos violentos estarían vinculados con disputas entre organizaciones dedicadas a actividades ilegales y con el cobro de préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”. Estas investigaciones deben avanzar con pruebas y bajo la conducción del Ministerio Público, evitando que las hipótesis sean presentadas como hechos concluidos.

También resulta preocupante que se hayan registrado ataques con artefactos explosivos durante las últimas semanas. Independientemente de quiénes sean los responsables, el uso de explosivos para intimidar constituye una señal que demanda una respuesta firme y rápida de las autoridades.

Pero la lucha contra la extorsión no puede descansar únicamente sobre la Policía. La investigación requiere información de las víctimas, testigos, empresas y ciudadanos. Mensajes, audios, números telefónicos, transferencias y cualquier otro elemento pueden ser determinantes para identificar a los responsables y construir casos sólidos ante la justicia.

En este punto existe una responsabilidad compartida. El Estado debe garantizar canales seguros para denunciar y proteger a quienes colaboren con las investigaciones. La ciudadanía, por su parte, debe evitar que el miedo termine favoreciendo a quienes amenazan.

También corresponde preguntar por qué las estructuras criminales logran operar y cómo consiguen mantener redes de comunicación y financiamiento. Si un cabecilla recluido en un establecimiento penitenciario puede, según una investigación policial, continuar impartiendo órdenes desde el interior, la pregunta sobre el control efectivo de las cárceles resulta inevitable.

Arequipa no debe acostumbrarse a convivir con la extorsión. Los 317 casos registrados no son solamente una cifra estadística. Son una advertencia sobre un delito que puede expandirse si encuentra silencio, impunidad y débiles capacidades de investigación.