El uso de los recursos del canon minero por las universidades públicas, el financiamiento de nuevas casas de estudio y las restricciones para modificar partidas presupuestarias mantienen las diferencias entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso durante la revisión del Presupuesto Público 2027.

El proyecto presentado por el Ejecutivo asciende a S/266 mil 506 millones, equivalente al 18,7% del producto bruto interno (PBI) y representa un incremento de 3,5% respecto al presupuesto de este año. Aunque el MEF y el Parlamento alcanzaron acuerdos técnicos en 133 de las 138 disposiciones evaluadas, cinco medidas continúan sin consenso.

Uno de los principales desacuerdos está en el artículo 82, que plantea permitir excepcionalmente a las universidades públicas utilizar recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras, Focam y renta de aduanas, incluidos los saldos acumulados, para cubrir gastos operativos. Entre ellos figuran mantenimiento, investigación, licencias de software, patentes y movilidad estudiantil.

Mientras el Congreso busca ampliar la disponibilidad de estos fondos para atender necesidades de funcionamiento, el MEF pretende mantener las restricciones sobre los recursos determinados, destinados principalmente a inversiones. La propuesta del Ejecutivo precisa que no podrán utilizarse para pagar remuneraciones ni retribuciones.

Otra controversia se encuentra en el artículo 87, que contempla mecanismos para financiar la implementación inicial de 26 universidades públicas creadas por leyes del Congreso. La preocupación del MEF radica en que ponerlas en funcionamiento implicaría compromisos permanentes para contratar docentes y personal administrativo, además de cubrir infraestructura y servicios.

El mismo artículo plantea una moratoria durante 2027 para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas, con excepciones específicas.

Los desacuerdos serán materia de discusión en la Comisión Bicameral de Presupuesto, donde se definirá el contenido final de las disposiciones que regularán el gasto estatal del próximo año.