Alejandro Maldonado Gutiérrez registra seis multas de tránsito que sumaban S/ 7 055, acumuladas desde 2014. El regidor José Suárez cuestionó que el funcionario continúe sin regularizar sus obligaciones con la Municipalidad Provincial de Arequipa, pese a las alternativas de pago.

A casi seis meses de asumir la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Alejandro Agustín Maldonado Gutiérrez continúa sin cancelar las papeletas de tránsito que mantiene pendientes con la propia institución, según denunció el regidor José Suárez Llerena. La deuda, que superaba los S/ 7 mil cuando fue revelada en mayo, sigue generando cuestionamientos por el prolongado incumplimiento atribuido al funcionario.

La situación fue advertida cuando Maldonado asumió el cargo el pasado 11 de mayo, durante la gestión de la alcaldesa Ruccy Oscco Polar. En aquella oportunidad se conoció que registraba seis papeletas de tránsito acumuladas entre 2014 y 2023, cuyo monto alcanzaba los S/ 7 055. Pese al tiempo transcurrido, el concejal sostuvo que estas obligaciones todavía no han sido regularizadas.

El historial del funcionario comprende infracciones graves y muy graves al Reglamento Nacional de Tránsito. Entre ellas figuran sanciones relacionadas con conducir sin la documentación obligatoria, circular con la licencia vencida y manejar bajo efectos del alcohol. Los antecedentes también incluyen una intervención de diciembre de 2023, cuando registró otra infracción pese a la cancelación de su licencia de conducir.

Suárez cuestionó que Maldonado no haya realizado gestiones para cancelar las papeletas, a pesar de contar con alternativas para regularizar su situación. Según el regidor, el funcionario podría acceder a determinadas facilidades de pago, aunque no precisó qué infracciones cumplirían las condiciones establecidas para recibir esos beneficios.

El concejal estimó que, mediante la aplicación de descuentos, el pago pendiente podría situarse aproximadamente entre S/ 5 600 y S/ 5 800. Sin embargo, el monto requiere una liquidación actualizada de la municipalidad para determinar qué beneficios corresponden a cada sanción. Suárez también recordó que existen mecanismos de fraccionamiento para facilitar el cumplimiento de obligaciones económicas.

Uno de los aspectos más cuestionados es la posición expresada anteriormente por el propio gerente municipal. En junio, Maldonado reconoció que todavía no había cancelado sus papeletas y sostuvo que esperaba una notificación formal de la comuna provincial para proceder con el pago. Esta explicación generó críticas debido a que las multas pueden cancelarse voluntariamente, conforme a las disposiciones aplicables.

Para Suárez, resulta contradictorio que el funcionario responsable de dirigir la administración municipal mantenga obligaciones pendientes con la institución donde ejerce funciones. Consideró que Maldonado ha tenido tiempo suficiente para regularizar su situación y cuestionó que continúe condicionando el cumplimiento de sus compromisos a un requerimiento administrativo de la propia municipalidad.

La controversia adquiere mayor relevancia porque la comuna provincial desarrolla campañas para recuperar deudas por infracciones de tránsito. Desde septiembre se aplica un régimen excepcional que permite descuentos de hasta el 90 % en determinadas sanciones, aunque excluye infracciones graves específicas. Por ello, el beneficio no puede extenderse automáticamente a todas las papeletas que registra Maldonado.

Los cuestionamientos también alcanzaron a la alcaldesa Ruccy Oscco Polar, quien designó al funcionario como gerente municipal. Suárez sostuvo que la autoridad provincial debería adoptar medidas frente a una situación que considera perjudicial para la imagen institucional. Advirtió que resulta difícil exigir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones cuando un alto funcionario mantiene deudas con la propia municipalidad.

Por ahora, el regidor mantiene su cuestionamiento ante la falta de pago que atribuye a Maldonado, mientras la controversia se prolonga desde mayo. El caso vuelve a poner bajo observación la conducta del principal funcionario administrativo de la comuna provincial, sin que se haya presentado en la información revisada una liquidación oficial actualizada que precise el saldo exigible y las actuaciones de cobranza realizadas.