Sin autonomía e independencia, la universidad carece de identidad
Por: Jorge Luis Cáceres Arce – Rector de la Universidad Católica de Santa María Presidente de la Asociación de Universidades del Perú – ASUP

Frecuentemente observamos debates normativos donde la frontera entre el espíritu constitucional y la coyuntura política suele desdibujarse. Como señalan los maestros del constitucionalismo hispano con la lucidez teórica de Pablo Lucas Verdú y el rigor analítico de Manuel Atienza, existe una diferencia sustancial entre la simple aplicación o descripción del derecho y su justificación última en la vida institucional. Lo inconstitucional atenta contra la norma positiva; pero lo anticonstitucional es aún más grave: irrumpe, desarma, debilita y golpea la institucionalidad construida a lo largo de nuestra historia republicana, sus valores cívicos y la identidad misma de la Nación.

En esta distinción radica una enseñanza fundamental que la teoría jurídica nos ofrece: explicar y justificar son dimensiones distintas empero no distantes pero complementarias. Explicar una decisión sea política, normativa o judicial consiste en señalar las causas y elementos ideológicos, sociológicos o coyunturales que la produjeron; sin embargo, justificar exige dar las buenas razones, los fundamentos de fondo y la adecuación al sistema del derecho que convierten a esa decisión en justa, correcta y aceptable. Las decisiones institucionales sobre la Universidad peruana no pueden limitarse a explicaciones de conveniencia del momento; requieren una verdadera justificación principista y constitucional.

El Perú y sus libertadores optaron históricamente por una República unitaria, descentralizada y sólida, alejándose de los viejos cantos de sirena de regímenes ajenos a nuestra idiosincrasia o de experimentos institucionales sin sustento. En esa misma línea de construcción patriótica, inspirada desde Arequipa por la mesura y el pensamiento liberal del clérigo mistiano Francisco Xavier de Luna Pizarro y Pacheco, la Universidad peruana ha sido y debe seguir siendo una piedra angular de la ciudadanía y la libertad.

Hablar de los recintos de innovación es invocar su esencia fundacional. El giro que introdujo Alexander Von Humboldt a inicios del siglo XIX redefinió de manera radical la misión del ambiente académico: antes de él, la Universidad era en gran medida una institución de obediencia intelectual, abocada a transmitir doctrinas autorizadas y formar profesionales funcionales según las necesidades inmediatas del Estado o de la Iglesia. El saber se administraba, no necesariamente se cuestionaba.

El proyecto humboldtiano rompió ese paradigma para establecer que la misión fundamental del claustro académico no es solo transmitir el conocimiento ya establecido, sino producir nuevo conocimiento y enseñarlo simultáneamente. Docencia e investigación son indisolubles. En las aulas, los estudiantes dejan de ser receptores pasivos para convertirse en participantes activos del proceso intelectual conscientes de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Su finalidad más alta es la formación integral de individuos autónomos, capaces de emitir un juicio crítico frente a la realidad. Si los fueros de enseñanza renuncian a formar espíritus libres y a producir conocimientos contemporáneos y vanguardistas, deja de ser tal para convertirse en un mero centro de capacitación de empleados sin horizonte definido

Bajo este andar, resulta indispensable defender los principios irrenunciables,  sin autonomía e independencia, la Universidad carece de identidad.

La autonomía universitaria no es un privilegio de excepción ni un cheque en blanco; es el derecho a transitar libre, pero con los pesos y contrapesos que exige la vida democrática. Autonomía significa garantizar la cátedra libre y paralela o compartida; significa investigar en libertad y con estricto apego a la dignidad humana; implica instruir sin condiciones ideológicas, sin sometimientos políticos ni presiones subalternas.

Ser autónomo es no limitar las creaciones razonables del intelecto e impulsar con firmeza la innovación oportuna. Significa, asimismo, ejercer la tolerancia frente a la crítica veraz, sincera y objetiva, y gobernar con la ley en la mano e interpretarla sin pasión, sin apartarse jamás del espíritu fundamental de la academia.

Por su parte, la independencia exige delimitar y equilibrar con absoluta claridad las competencias de las instituciones. Significa actuar con plena conciencia democrática y no admitir avasallamientos de nada ni de nadie. Decidir en independencia es abrazar la pluralidad; deliberar junto a la comunidad de intelectuales, científicos, sabios, mentores e investigadores; integrar la fe y la razón en la búsqueda del bien común; y dialogar con personas de todas las cohortes, condiciones y todas las sangres a las que el Amauta José María Arguedas reservó profundas y certeras inspiraciones.

Esta construcción se logra de la mano de todos los estamentos: docentes, egresados, colaboradores y, primordialmente, nuestros estudiantes. Con la razón por delante, la filosofía de la Universidad exige autocrítica permanente, opinión versada y voz sensata en la sociedad.

En cuanto a la autonomía e independencia de la academia, esta tiene entre sus fines difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad; promover el desarrollo humano y sostenible a nivel local, regional, nacional y global; servir a la comunidad para su desarrollo integral; y formar personas libres en una sociedad libre (Art. 6 de la Ley Universitaria).

Si permitimos que la autonomía se debilite o que la independencia sucumba ante injerencias ajenas a la misión académica, la Universidad perderá su sello distintivo, su esencia transformadora y su compromiso histórico con el desarrollo del País mestizo. Preservar la autonomía e independencia universitaria es, en última instancia, defender la dignidad de la educación en esencia y transformando ideas, ciencia y tecnología, el rigor de nuestras razones jurídicas, culturales y el futuro sostenible de nuestras próximas generaciones, que aspiran a una formación sin ataduras, intolerancias y quiebres a la institucionalidad.

Arequipa, noviembre de 2026

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