La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mantiene en su cargo pese a haberse formalizado 20 investigaciones preparatorias en su contra por cientos heridos y 49 muertes de civiles en protestas. Su gobierno es responsable de una economía estancada, aumento de la pobreza y crimen. “¿Por qué la presidenta sobrevive a las demandas de elecciones anticipadas y a los llamados a una vacancia? La respuesta corta es que ella no está a cargo del Gobierno”, señala The Economist, diario británico

SEGÚN THE ECONOMIST

Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la detención del exmandatario Pedro Castillo, que desencadenó en protestas masivas. Ante ello, la jefa de Estado ha defendido sus acciones: “Nos enfrentamos a 500 manifestaciones. Todas ellas violentas. Estuvimos firmes, tercos, decididos […] No podemos caminar de tropiezos en tropiezos. Es bien fácil decir que, mañana vacancia y pasado, renuncia”, declaró en una conferencia por el aniversario de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex)

La mandataria también enfrenta acusaciones de corrupción, ha sido implicada en controversias por su posesión de relojes de lujo Rolex, que ella alega son “préstamos”. Además, registra un desbalance patrimonial, según la Contraloría.

Sin embargo, los intentos de su destitución se han apagado gradualmente. Uno de los factores clave que explican su permanencia en el poder es el respaldo de los legisladores tanto de derecha como de centro, quienes también registran una aprobación muy baja del 4%.

El Congreso , bajo estos legisladores, ha llevado a cabo varias contrarreformas que han generado reacciones diversas. Han destituido miembros de la junta supervisora del poder judicial y aprobado leyes para regular la minería ilegal y flexibilizar los requisitos para enseñar. También, exoneraron de castigo a criminales de lesa humanidad de antes de 2002, beneficiando directamente al expresidente Alberto Fujimori, decisión que ha sido muy criticada por cuerpos de derechos humanos internacionales.

Por otro lado, la capacidad fiscal del país ha sido cuestionada con la aprobación de gastos extrapresupuestarios significativos, lo que ha generado preocupación entre expertos económicos. Además, el Tribunal Constitucional, cuya composición fue renovada en 2022, ha dado más poder al Congreso para iniciar medidas de gasto, una práctica contraria a la Constitución.

Los ciudadanos peruanos, que miran hacia las elecciones de 2026 con esperanza, enfrentan la realidad de un Congreso fortalecido y múltiples partidos que buscan influir en el futuro del país. Las reformas recientes y la falta de un “adulto en la sala”, según el ex titular del MEF Alonso Segura, han dejado a muchos dudando del liderazgo que surgirá de este contexto político complejo.