La inversión pública es uno de los pilares decisivos para el crecimiento económico y la reducción de brechas sociales. No existe país que haya logrado un salto sostenido en productividad, competitividad e inclusión sin un Estado capaz de transformar recursos presupuestales en infraestructura útil, oportuna y de calidad. Por ello, más allá de cuánto se asigna en el presupuesto, lo verdaderamente determinante es la capacidad de ejecutar y avanzar físicamente en las obras: carreteras que conecten mercados, sistemas de riego que aumenten productividad agrícola, escuelas y hospitales que funcionen, infraestructura urbana que ordene y proteja.

La literatura económica coincide en tres elementos esenciales: (i) ejecución oportuna para sostener la actividad en el corto plazo; (ii) continuidad presupuestal que evite paralizaciones y sobrecostos; y (iii) gestión eficiente que convierta devengado en progreso real. Cuando estos factores fallan, el Estado pierde capacidad para cerrar brechas y la inversión pública se vuelve un ejercicio contable, no de desarrollo.

A la luz de ello, los resultados del informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC) sobre inversión pública al 31 de octubre de 2025 son reveladores y preocupantes. A menos de dos meses para cerrar el año, el 30% de los proyectos con presupuesto institucional modificado (PIM) registra ejecución cero: 18.022 proyectos que no han avanzado nada, pese a contar con S/ 5.747 millones asignados. Esta magnitud refleja un problema de gestión sistémica y una fragmentación que sigue debilitando la capacidad del Estado para transformar cada sol en infraestructura efectiva.

El presupuesto (PIM) total para inversión asciende a S/ 70.085 millones, ligeramente por debajo de 2024. Sin embargo, la ejecución llega al 63%, cuatro puntos por encima del año previo. A primera vista, puede parecer un avance; pero el detalle muestra una dinámica más compleja.

El monto ejecutado suma S/ 44.071 millones, apenas 5% más que en octubre de 2024. Más relevante aún: el impulso se ha ido apagando de forma sostenida. El crecimiento interanual de la ejecución pasó de 47% en enero a apenas 5% en octubre, el nivel más bajo del año. Esto indica que el ciclo perdió fuerza justo cuando debía afirmarse rumbo al cierre.

Por niveles de gobierno, la fotografía es heterogénea. Los gobiernos regionales presentan un 77% de avance, con casos sólidos como Junín (80,6%), pero con regiones como Cusco con menor dinamismo (62,4%). El gobierno nacional por su parte, registra un 75% en sus cinco sectores más grandes; aunque sectores como Vivienda muestran rezagos importantes. Mientras tanto, los gobiernos locales,  alcanzan un 65% de avance, con un nivel preocupante de proyectos paralizados (15.359 con ejecución cero).

A ello se suma un hecho crítico: en octubre, el número de proyectos incorporados durante el año se disparó a 25.731, un aumento de 325% respecto a enero. La mitad de ellos apenas tiene entre 0% y 10% de ejecución. Esto evidencia una atomización creciente del presupuesto, que reduce la capacidad de priorizar, gestionar y culminar obras de impacto.

Así, la desaceleración observada en septiembre y octubre sugiere que la ejecución podría cerrar alrededor del 72%–74%. No es un desastre, pero sí insuficiente para compensar la enorme dispersión de proyectos y el volumen de iniciativas sin avance. Si este patrón se mantiene, el país llegará al 2026 con dos problemas arrastrados: (i) un portafolio inflado de proyectos pequeños, nuevos y sin continuidad, que restan eficacia al gasto público; y, (ii) obras de alto impacto avanzando lentamente, especialmente en infraestructura urbana, salud, educación, hidráulica y logística.

Para regiones como Arequipa —que necesita consolidar infraestructura clave para su competitividad, gestionar riesgos urbanos y sostener su dinamismo productivo—, estos resultados son una alerta. La región requiere obras grandes, continuas y bien gestionadas, no un mosaico de proyectos dispersos y sin tracción.

El desafío es claro: el Estado debe recuperar foco y velocidad en la inversión pública. No basta con ejecutar más; se debe ejecutar mejor. La calidad, la continuidad y la priorización son las llaves para que la inversión pública vuelva a ser un motor de desarrollo real y no un ejercicio administrativo que se diluye en miles de proyectos sin impacto.