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Las recientes inundaciones y huaicos que han afectado la ciudad de Arequipa no constituyen un fenómeno inesperado ni exclusivamente natural. Lo que evidencian es una problemática estructural vinculada a décadas de deficiente planificación urbana, expansión desordenada y decisiones políticas que han ignorado las características geográficas y climáticas propias de la región. Los daños materiales, la afectación a familias enteras y la interrupción de servicios básicos revelan que el desastre fue provocado por lluvias intensas, pero sobre todo por una ocupación territorial mal gestionada.

Arequipa posee una geografía singular marcada por quebradas naturales o “torrenteras”, que históricamente han funcionado como canales de evacuación de aguas pluviales y sedimentos provenientes de las zonas altas. Estos cauces son infraestructuras naturales esenciales para el equilibrio urbano. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la ciudad ha promovido la ocupación progresiva de áreas agrícolas y zonas de amortiguamiento, con el consecuente reemplazo de la campiña por urbanizaciones que carecen de estudios adecuados de riesgo.

Desde hace años, diversos informes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierten sobre la vulnerabilidad de asentamientos ubicados en zonas de flujo potencial de huaicos. A pesar de ello, la zonificación urbana permitió habilitaciones residenciales y expansión inmobiliaria en áreas expuestas, muchas veces sin infraestructura de drenaje suficiente ni obras de contención capaces de soportar eventos meteorológicos extremos, cuya frecuencia aumenta debido al cambio climático.

La responsabilidad principal recae en los gobiernos locales y, en particular, en la Municipalidad Provincial de Arequipa, encargada de aprobar planes de desarrollo urbano, fiscalizar el uso del suelo y garantizar que el crecimiento urbano respete criterios técnicos de seguridad. Cuando la planificación prioriza la expansión territorial sobre la sostenibilidad y la prevención del riesgo, las consecuencias terminan siendo asumidas por la población más vulnerable.

Este escenario deja lecciones claras para el futuro. En primer lugar, es imprescindible recuperar el enfoque de ordenamiento territorial basado en riesgos. Ello implica integrar información científica, mapas de peligros actualizados y proyecciones climáticas en toda decisión urbana. La planificación no puede responder únicamente a la demanda de vivienda; debe considerar la resiliencia urbana como eje central.

En segundo lugar, se requiere proteger la campiña arequipeña no solo por su valor cultural y económico, sino también por su función ambiental como zona de absorción hídrica. La eliminación de estos espacios naturales incrementa la cantidad de agua de lluvia que discurre por la superficie de los terrenos y acelera la fuerza destructiva de los huaicos.

En tercer lugar, resulta urgente invertir en infraestructura verde y gris: sistemas de drenaje pluvial modernos, reforestación en cuencas altas, mantenimiento permanente de torrenteras y construcción de defensas ribereñas diseñadas con estándares técnicos actualizados. Estas medidas deben ir acompañadas de una fiscalización efectiva que impida nuevas ocupaciones en zonas de alto riesgo.

Como vemos, la gestión del riesgo debe dejar de ser reactiva. Cada desastre debe convertirse en una oportunidad para corregir errores estructurales. Arequipa enfrenta una advertencia contundente: continuar urbanizando sin respetar la naturaleza del territorio significa repetir tragedias evitables. Una planificación urbana responsable no solo ordena la ciudad sino, fundamentalmente, protege vidas, patrimonio y futuro.