Por Carlos Meneses

Recuperar el Estado para el ciudadano implica cortar los tentáculos de la partidocracia y apostar por una institucionalidad que premie la capacidad y la honestidad. Solo así será posible romper el círculo vicioso que convierte cada gabinete en un espejo del mismo problema: el poder como botín y no como servicio.

Las recientes declaraciones del economista Hernando de Soto han remecido el escenario político nacional. Su denuncia sobre las presiones partidarias que frustraron su designación como presidente del Consejo de Ministros revela, más allá del episodio personal, una radiografía preocupante del Estado peruano: uno capturado por intereses de grupo, donde el mérito y la independencia técnica siguen subordinados a la lógica del reparto político.

De Soto sostiene que el presidente José María Balcázar le ofreció encabezar un gabinete plural e independiente, propuesta que se habría desmoronado ante la intervención del líder de César Acuña y otras presiones partidarias. Su descripción del Estado como “una vaca de mil pezones” —que todos ordeñan sin producir nada— sintetiza el mal que desde hace décadas carcome la administración pública: la colonización del aparato estatal por cuotas de poder que priorizan intereses políticos antes que el servicio al ciudadano.

No se trata solo de un conflicto entre personalidades o de una frustrada designación ministerial. El fondo del problema está en el modelo de gestión política que se ha normalizado. Los ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas se han convertido en botines que se reparten entre aliados, dejando de lado la meritocracia. Así, los equipos técnicos quedan relegados y las decisiones de Estado se diluyen en negociaciones que buscan sostener equilibrios partidarios antes que resolver los grandes desafíos nacionales.

El episodio revela también una constante del poder: la resistencia a cualquier intento de cambio estructural. Si un gobierno que prometió renovación se deja capturar por los mismos mecanismos que antes criticó, pierde la oportunidad de marcar diferencia y, con ello, la confianza ciudadana. El país no necesita más gabinetes de compromiso, sino de convicción; más servidores públicos y menos operadores.

La denuncia de De Soto, más allá de su tono polémico, debe servir para abrir una reflexión seria sobre la urgente necesidad de profesionalizar la gestión pública y reducir el peso del clientelismo. Mientras las designaciones dependan de llamadas y favores, el Estado seguirá siendo esa “vaca de mil pezones” que alimenta a pocos y deja sedienta a la mayoría.