La centralización del proceso de formalización minera generó desorden en la gestión de expedientes, duplicidad de registros y retrasos que afectan su avance. Aunque esta función recaía en los gobiernos regionales, a finales de 2024 se dispuso la transferencia de competencias al Ministerio de Energía y Minas (Minem), situación que ya impacta en la evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom).

Durante el traspaso establecido por la Ley 32213, los gobiernos regionales iniciaron la entrega de documentación vinculada al proceso. Sin embargo, la transferencia no se realizó de manera ordenada. Se identificaron expedientes duplicados, archivos incompletos y casos en los que la información no fue remitida correctamente, lo que obligó a reiniciar evaluaciones y a rastrear documentos que quedaron “perdidos” en el proceso.

En este contexto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad encargada de evaluar los IGAFOM a nivel nacional, ha tenido que retomar trámites y orientar a los administrados, pese a que su función se limita a emitir opinión técnica y otorgar licencias de uso de agua. “Hemos tenido que empezar de nuevo con la documentación y hacer seguimiento de dónde quedó cada expediente. Con esta transferencia de funciones, varios procesos se han quedado paralizados”, indicó Lili Zea Luna, responsable del área de evaluación de IGAFOM en la ANA.

La carga evidencia un desbalance en el sistema. Mientras el Minem concentra entre 30 mil y 50 mil expedientes, la ANA maneja cerca de 1 500 a nivel nacional, de los cuales alrededor de 250 corresponden a Arequipa. Aunque desde la Gerencia Regional de Energía y Minas se remitieron 750 expedientes, se estima que existen cerca de 6 mil mineros en proceso de formalización en la región. En consecuencia, la mayoría de casos permanece en la Dirección General de Formalización Minera y aún no es derivada para evaluación técnica, lo que prolonga los plazos.

El proceso de transferencia continúa en varias regiones, lo que anticipa nuevos retrasos mientras no se complete la reorganización documental y se regularice el flujo de expedientes hacia las entidades técnicas. Según la quinta y última ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el proceso deberá concluir el 31 de diciembre de 2026.