Por: Ignacio Seijas

Fallos constitucionales generan cuestionamientos sobre la representatividad y el manejo de los gremios.

Tras ganar dos procesos de amparo en el Poder Judicial, el excandidato al decanato del Colegio de Abogados de Arequipa, Dr. Christian Vizcarra, y su defensa legal denunciaron que las exautoridades gremiales utilizaron reglamentos inconstitucionales para bloquear su postulación.

IS.: Doctor, las propias autoridades niegan su libre candidatura, han violado las normas, ¿cómo queda la imagen de la institución ante la ciudadanía?

CV.: El Colegio de Abogados de Arequipa no tiene nada que ver en el asunto. Acá son los exdecanos quienes, para evitar que los fiscalice o porque les soy incómodo, han vulnerado mis derechos fundamentales. El Colegio es una institución seria y centenaria, una cuna de juristas. Son las personas que a veces lo gestionan las que vulneran los derechos constitucionales, creando entes inquisitivos y reglamentos ilegales para sacarme de la carrera electoral.

Anunció que solicitará una indemnización por los daños causados a su candidatura. Siendo directos, ¿quién deberá asumir este pago?

-La indemnización tiene que venir directamente de los exdecanos agraviantes y no de nuestra institución. Como le digo, con nombre de leyes he recurrido a la justicia y hoy el Poder Judicial no se casa con las irregularidades de los decanos. Imagínese que un miembro de la orden tenga que defenderse de los decanos de turno solo por preguntar en qué se está gastando nuestro dinero o exigir que no se maltrate a los abogados. Ese ha sido mi único pecado.

La defensa legal, el Dr. Fernando Romero brindó también declaraciones y aclaró la situación de los procesos legales en curso.

¿Cuál es la actualidad y qué irregularidades de fondo han encontrado en estas gestiones?

El juez constitucional ya ha declarado en dos procesos de amparo ganados, que los decanos Álvarez y Mesías, junto a su junta directiva, vulneraron los derechos fundamentales. Nosotros venimos denunciando una vulneración sistemática contra los agremiados que alzan su voz de protesta por temas muy graves, como la entrega injusta de la piscina a un tercero, la desviación de fondos sin rendición de cuentas y el intento de sacar del banco millones de soles que no sabíamos a dónde iban.

Finalmente, ¿hay más acciones legales pendientes contra quienes resulten implicados? Actualmente tenemos otro proceso de amparo contra el comité electoral porque lo tacharon de manera injusta, sin aplicar el estatuto. Afortunadamente, el derecho constitucional ha primado sobre estas prácticas ilegales.

Las prácticas arbitrarias y la falta de transparencia de las exautoridades no solo vulneran a sus miembros, también manchan la imagen de las instituciones gremiales, restándoles credibilidad y desvirtuando su rol como referentes de legalidad y justicia en la región.