Por Carlos Meneses

Hoy, el MTC y las autoridades regionales tienen la obligación de esclarecer cada detalle del proceso antes de retomarlo. Lo contrario significaría abrir la puerta a un nuevo escándalo en una obra que debería representar desarrollo y progreso para el sur del país, y no dudas sobre cómo se administra el dinero público.

La suspensión de la licitación del tramo de la autopista Arequipa–La Joya no solo refleja un problema administrativo; expone, una vez más, las profundas debilidades de los procesos de contratación pública en el Perú. Cuando una obra millonaria y estratégica termina envuelta en dudas, renuncias y cuestionamientos técnicos, la ciudadanía tiene razones válidas para desconfiar.

El proyecto es clave para Arequipa. La autopista busca descongestionar el tránsito, mejorar la conectividad y dinamizar la economía regional. Sin embargo, el proceso ha quedado empañado por decisiones que resultan difíciles de explicar. El hecho de que el único postor habilitado termine siendo un consorcio encabezado por una empresa extranjera cuestionada internacionalmente, y además con una propuesta 38 millones de soles más cara que el valor referencial, despierta sospechas inevitables.

Más preocupante aún es la descalificación del Consorcio Cerro Colorado, que había presentado una oferta más económica para el Estado. Según el comité evaluador, no cumplió con acreditar el patrimonio neto requerido debido a un criterio de prorrateo aplicado a los integrantes del consorcio. Técnicamente puede ser válido, pero políticamente resulta explosivo. La percepción pública es clara: se eliminó a la propuesta más barata y quedó en carrera la más costosa.

En tiempos donde el país exige austeridad y eficiencia en el gasto público, resulta inaceptable que una obra financiada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos termine favoreciendo propuestas económicamente superiores sin una explicación absolutamente transparente y convincente. La ciudadanía merece conocer con claridad por qué se aplicaron determinados criterios y quiénes son los responsables de las decisiones adoptadas.

El caso se vuelve todavía más delicado debido a los antecedentes de China Road and Bridge Corporation. Aunque legalmente está habilitada para contratar con el Estado peruano, no se pueden ignorar los cuestionamientos internacionales por presuntas prácticas corruptas y sanciones previas en el Perú. El Estado no solo debe verificar que las empresas cumplan requisitos legales mínimos; también debería priorizar estándares éticos y antecedentes que garanticen confianza pública.

La coincidencia entre la suspensión de la licitación y la renuncia del jefe de Provías Descentralizado alimenta aún más las dudas. Aunque oficialmente se aleguen “motivos personales”, la falta de explicaciones claras solo fortalece la percepción de improvisación y posible presión interna.

El Perú necesita infraestructura moderna, pero no a cualquier costo ni bajo cualquier sospecha. Grandes proyectos como la autopista Arequipa–La Joya deben convertirse en ejemplos de transparencia y competencia real, no en nuevos capítulos de desconfianza ciudadana.