Lingote de oro de más de 5 kilos incautaron en Puno.

PUNO

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno incautó un lingote de oro de presunto origen ilegal valorizado en más de 600,000 dólares, durante un operativo realizado como parte de una investigación por presunto lavado de activos vinculado a la minería ilegal. El mineral, que tenía como destino la India, fue retenido antes de concretarse su exportación.

Según informó el Ministerio Público, el lingote pesa 5.31 kilogramos y quedó bajo custodia del Banco de la Nación mientras continúan las diligencias destinadas a determinar su procedencia y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La investigación fiscal comprende a Maritza Tapara, Nadya Soncco y la empresa Esfamin E.I.R.L., quienes son investigados por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Las autoridades buscan esclarecer si el oro proviene de actividades de extracción ilegal y si fue incorporado al circuito comercial mediante mecanismos destinados a ocultar su origen.

La minería ilegal constituye uno de los principales problemas que enfrenta la región Puno, donde la extracción informal de minerales genera graves impactos ambientales, afecta las fuentes de agua y promueve redes de comercialización ilícitas. En ese contexto, el Ministerio Público intensifica las acciones para frenar el ingreso de oro de procedencia ilegal al mercado nacional e internacional.

La incautación del lingote representa un nuevo golpe contra estas organizaciones y forma parte de una estrategia de investigación financiera orientada a seguir la ruta del dinero y de los minerales obtenidos al margen de la ley.

En paralelo a este caso, se conoció que la empresa Paltarumi S.A.C. evalúa instalar una planta de procesamiento de oro en la región Puno. El proyecto busca que el mineral extraído sea refinado localmente, evitando su traslado hacia Arequipa, Paramonga o incluso al extranjero para su procesamiento.

De acuerdo con la empresa, esta iniciativa permitiría incrementar significativamente los ingresos por canon minero para la región. Actualmente, Puno recibe alrededor de nueve millones de soles por este concepto, pero la cifra podría superar los 100 millones de soles si el procesamiento del oro se realiza dentro de su jurisdicción.

No obstante, especialistas han advertido que la instalación de plantas procesadoras también implica importantes desafíos en materia de fiscalización. Señalan que, sin adecuados mecanismos de control sobre la trazabilidad del mineral, estas instalaciones podrían convertirse en un medio para introducir oro de origen ilegal al mercado formal.

Por ello, consideran indispensable fortalecer los sistemas de supervisión, certificación y control de la cadena de producción y comercialización del oro, con el fin de garantizar que la actividad minera se desarrolle dentro del marco legal y contribuya efectivamente al desarrollo económico de la región sin favorecer actividades ilícitas.